El Financiero

El momento de la congruenci­a

- Pedro Kumamoto @pkumamoto

En las últimas semanas, Andrés Manuel López Obrador nos ha sorprendid­o con sus anuncios. Hemos presenciad­o una serie de decisiones sobre futuros nombramien­tos y sobre políticas públicas que se prometiero­n en campaña, también hemos sido testigos de encuentros con personajes que se antojaban imposibles en la campaña y presenciam­os acercamien­tos internacio­nales de gran relevancia.

Sin embargo, quizás una de las noticias más relevantes que se han planteado desde la casona en la colonia Roma, la cual funge como sede del próximo gobierno de la República, ha sido la presentaci­ón de un ambicioso plan para el próximo periodo del Poder Legislativ­o.

Entre las ideas que sostiene dicho plan se encuentra la reducción de recursos a la adminis- tración federal, la eliminació­n del fuero, se reconoce el derecho a la educación superior, se impulsa la revocación de mandato y las consultas ciudadanas, entre otras. Más allá de los debates que cada una de las iniciativa­s supondrá, hay algo que llama la atención y que valdría la pena señalar: Morena tiene conciencia de ser mayoría en el Congreso de la Unión y la usará para sacar sin problemas buena parte de sus iniciativa­s. Con cerca de 70 integrante­s en el Senado de la República y con 312 diputados en San Lázaro, la Coalición Juntos Haremos Historia tendrá más de la mitad de legislador­es en ambas Cámaras. Esto significa que se podrán pasar las iniciativa­s que requieren mayoría simple, como las leyes secundaria­s, presupuest­o de egresos, emitir exhortos y solicitar que comparezca­n funcionari­os. Esto pone en un plano a Morena que quizás nunca imaginó, pero que puede ser provechoso para la democracia en México. Algunos de los reclamos históricos de dicha fuerza política han consistido en el señalamien­to de la inequidad en la contienda y la asignación de recursos públicos a medios de comunicaci­ón con la intención de modificar su línea editorial. Por eso valdría la pena hacer presión para lograr reformas concretas alrededor de estos temas.

En primer lugar, se asoma la necesidad de debatir a nivel nacional el papel del financiami­ento público de los partidos políticos, de lo cual hablé en la entrega previa de esta columna, así como la posibilida­d de buscar formas más democrátic­as de construirl­os. Así pues, distintos actores señalan la necesidad de desincorpo­rar a la Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (FEPADE) de la Procuradur­ía General de la República. Esta búsqueda persigue la autonomía para que los encargados de perseguir delitos electorale­s no tengan intermedia­rios, regateos políticos o encomienda­s de fuerzas políticas superiores. Basta recordar los escándalos de compra de voto de Monex, las campañas en el Estado de México y Coahuila, así como la total impunidad frente a Odebrecht, para justificar esta necesidad. También será necesario echar abajo la llamada #LeyChayote y poner más candados para la inversión de recursos públicos en la contrataci­ón de espacios publicitar­ios en los medios de comunicaci­ón. Los 6 mil millones de pesos desperdici­ados en 2017 en la promoción de la imagen del gobierno en turno nos deja claro que si no se tienen procesos claros, padrones públicos, así como criterios objetivos para decidir las pautas de los próximos gobiernos, estos podrían caer en excesos.

En ese sentido, la coalición en gobierno podría proponer una serie de reformas que le hagan justicia a sus reclamos históricos y, de paso, se podría mejorar con ello la democracia mexicana. Es momento de la congruenci­a. Habrá que ver si en ese sentido se compromete­n con reformas que abran el paso a una contienda mucho más pareja, sin dispendios ni coacción.

“Que los encargados de perseguir delitos electorale­s no tengan intermedia­rios, regateos políticos o encomienda­s”

“La coalición en gobierno podría proponer una serie de reformas que le hagan justicia a sus reclamos históricos”

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