ANA MARÍA SALAZAR

ANÁLISIS SIN FRONTERAS

Sigue la confusión. Sigue la duda. Y sí, tal vez las críticas están lloviendo prematuramente. Pero los comentarios del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de transición, o están subrayando una falta de comprensión de los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, o simple y llanamente no quieren reconocer que debe de haber una diferencia y división de responsabilidades entre las instituciones que tienen la responsabilidad de implementar estas estrategias. Y esta confusión va a llevar a debilitar las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger la seguridad nacional de México y, en el peor de los casos, su destrucción.

Tal vez el presidente electo y su equipo ha decido no tratar el tema de seguridad nacional públicamente por razones políticas. Y se entiende. Cualquier político mexicano de la oposición, o de la izquierda, o que haya hecho protestas o tomado estructuras consideradas estratégicas para el Estado mexicano (como por ejemplo bloqueos de aeropuertos, pozos petroleros, carreteras federales) enfrentó el aparato de seguridad nacional del país.

En el caso de López Obrador, de hecho, hubo en 1996, el intento de la PGR de ejercer acción penal por presunto responsable de la comisión de los delitos de daño en propiedad ajena, sabotaje, conspiración contra el consumo y las riquezas nacionales, asociación delictuosa y se pidió una orden de aprehensión. Esto fue una denuncia que presentó Petróleos Mexicanos, debido a las acciones de protesta, marchas, plantones, cierres carreteros y, sobre todo, por el bloqueo de los pozos petroleros liderado por López Obrador. Obviamente, la acción penal nunca se ejerció. Y se consideró como parte del acervo de la historia de protestas de AMLO y de otros activistas que eventualmente se volverían políticos y gobernantes en este país. Pero en su momento, ese tipo de acciones y protestas, especialmente los que estaban vinculados a infraestructuras estratégicas del país, tenían el seguimiento puntual de organismos de inteligencia, civiles y militares.

Aquí el dilema para el futuro presidente es: ¿Cuál será su estrategia ante este tipo de amenazas? ¿Qué hacer cuando las negociaciones simple y llanamente no funcionan? ¿En qué momento deben considerarse las acciones de activistas, de grupos armados, del crimen organizado, como amenazas a la seguridad nacional? ¿Qué hará el AMLO de 2018 ante activistas como el AMLO de 1996 en Tabasco? ¿Cuál de las instituciones tendrá ahora la responsabilidad de identificar espionaje del extranjero? ¿Quién proporcionará información sobre grupos armados que podrían estar recibiendo financiamiento del exterior? ¿Quién tendrá la responsabilidad de resguardar la integridad física y la información del presidente? ¿Y si un terrorista extranjero quiere cruzar por México con material radioactivo para llevar acabo un atentado en Estados Unidos? ¿Quién le ayudará a la Presidencia a definir cuáles son las prioridades en seguridad nacional y asegurar que se proporcionen los recursos necesarios? ¿En quién va a confiar el nuevo presidente para que le informe cuáles de sus asesores o funcionarios tienen vínculos con el crimen organizado?

Los temas anteriores deben pensarse en el ámbito de segu- ridad nacional que requiere de una estrategia completamente diferente de la pacificación del país y de la estrategia de seguridad pública. La legislación nacional y los convenios internacionales requieren que haya esa diferenciación, porque, en parte, se reconoce que la resolución de un problema en el ámbito de seguridad nacional requiere un tratamiento diferente por el impacto que tiene en una nación, en un gobierno democráticamente electo y, sobre todo, en la población, no enfrentar las amenazas a la seguridad nacional.

Hace algunos años desarrolle unos principios pragmáticos que podrían ser la base para ayudar a definir si un conflicto, un grupo, o un riesgo, deberían considerarse una amenaza a la seguridad nacional de un país:

1) ¿Qué interés nacional se verá amenazado por un problema determinado?

2) ¿Qué es lo peor que podría suceder?

3) ¿Qué impacto tendrá en el corto o largo plazo?

4) ¿Quién determina que esto sea una amenaza? ¿Los ciudadanos, los medios de comunicación, los gobernantes o las élites?

5) ¿Quiénes participan activamente para establecer las estrategias contra la amenaza?

6) ¿Quiénes se ven afectados por la amenaza?

7) ¿Quiénes se ven afectados por la estrategia?

8) ¿Participa algún sector o grupo específico en el desarrollo de la amenaza?

9) Una vez definida la estrategia como seguridad nacional, ¿cuáles son los costos para la sociedad?

10) ¿Qué medidas tomará el Estado? ¿Qué medidas tomarán otros actores?

Son balazos que permiten abrir un debate. Lo que no puede continuar son declaraciones, ya sea por confusión o por falta de conocimiento, que podrían poner en riesgo la seguridad de México.