Agenda de competencia como política de Estado
El nuevo gobierno debería comprometerse con una agenda de competencia económica integral si pretende combatir efectivamente la corrupción y lograr crecimiento económico. No sólo el poder ejecutivo federal, todos los poderes y los varios niveles de gobierno deben ser parte de este esfuerzo de Estado.
La falta de competencia sigue siendo un lastre en la economía mexicana. Las mismas autoridades en el sector así lo han hecho notar en varias ocasiones. Incluso la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) llamó en su momento a los entonces candidatos a adoptar una plataforma de políticas públicas procompetencia, de la que ninguno acusó recibo por centrar el debate en otros grandes problemas, pero
la competencia es una palanca que puede ayudar en resolver aquellos problemas tan visibles. En esta columna hablamos del enorme conocimiento de estos temas que tienen algunos miembros del propuesto gabinete.
En la agenda del nuevo gobierno se ha dado un especial énfasis en el combate a la pobreza, el desarrollo económico en la zona fronteriza y el desarrollo de la industria nacional. En este sentido, esfuerzos por reforzar la competencia y mejor regulación en sectores clave y evitar abusos de empresas se vuelven fundamentales. Igualmente, de conformidad con la agenda del nuevo gobierno, es necesario incrementar los esfuerzos de transparencia y evaluación de la actividad gubernamental en la economía.
Por ello, para centrarse en una agenda de competencia con políticas públicas aterrizadas, sugeriría las siguientes propuestas específicas:
1. Realizar un análisis detallado de las principales barreras a la competencia que pudieran existir en la economía mexicana con soluciones específicas. El análisis deberá ir aparejado de propuestas y con incentivos puntuales para los diversos órdenes de gobierno que deban implementarlos para su realización. Por ejemplo, si el problema son normas estatales, se podría dar un beneficio fiscal al gobierno estatal respectivo por la modificación a su normativa. En este aspecto, considero que se debe dar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este mandato para atarlo claramente al presupuesto y así se cuenten con los incentivos adecuados para lograr los cambios y empezar por los problemas en transporte y el sector energético.
2. Mejorar el marco normativo y la ejecución de las contrataciobeneficio nes y compras públicas para evitar simulaciones y excepciones a las licitaciones, eliminando las invitaciones restringidas y ordenando la preparación de estudios de mercado efectivos. Carlos Urzúa ha mencionado ya la muy interesante idea de hacer compras consolidadas para todo el gobierno. COFECE recientemente publicó una Agenda en este sentido que recoge la experiencia de décadas en las que la autoridad de competencia ha recomendado compras consolidadas, inteligencia de mercado, mecanismos para evitar la colusión, etc. En el mismo sentido, debería requerirse a los proveedores del gobierno programas de Cumplimiento Normativo (Compliance) efectivos para contratar con el gobierno. 3. Mejorar los incentivos regulatorios en el sector financiero. Generar incentivos para que las instituciones financieras utilicen mejor sus recursos y los medios de pago para reducir los costos, y se dé un uso más eficiente en beneficio de los usuarios. Se debe poner especial atención en utilizar mejor los sistemas de pagos, tener menores cuotas de intercambio y acceso para los sistemas de nueva tecnología en de los usuarios.
4. Generar mayores incentivos para la penetración de medicamentos genéricos en México. Hay una gran evidencia internacional de abusos en estos mercados que a la fecha no se persiguen por ninguna autoridad en México.
5. Respecto a la necesidad de incrementar esfuerzos de transparencia de la actividad gubernamental, se considera útil
establecer un sistema de evaluación real y sustantivo de los reguladores. Considero que aún se requiere un sistema que permita
medir e identificar los avances reales de estos órganos y su aplicación del marco jurídico a través de investigaciones y sanciones. COFECE ha dado muestra que evaluar acciones específicas, más allá de los requerimientos legales, rinde frutos con la población en general. Alguna idea que se ha difundido ha sido la de establecer un comité de ciudadanos expertos en la materia para que hagan una evaluación anual que se presente a los 3 poderes. Sería además una forma de acercar a las autoridades autónomas a la ciudadanía.
Sin una agenda de competencia como política de Estado, los mercados seguirán generando los problemas que por otro lado se promete remediar.
(fintechs)