El derecho de los trabajadores a saber sobre el destino de sus inversiones

Recientemente, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del cual tengo el privilegio de formar parte, resolvió por unanimidad un caso de enorme importancia en el tema del acceso a la información. Y me refiero al derecho de los trabajadores de conocer en qué se invierte el dinero que les corresponde en el fondo de pensiones.

Las aportaciones que los empleados públicos realizan a las sociedades de inversión destinadas a los fondos para el retiro, como parte del juego del dinero, se deben invertir en diversas operaciones para darle sustentabilidad y rentabilidad al esquema de pensiones y jubilaciones de la burocracia mexicana.

En ese sentido, es relevante que cualquier persona, pero sobre todo los propios trabajadores del sector público, sepan en qué empresas se han invertido esos recursos, la obtención de rendimientos y ganancias generadas por las inversiones y el estado

Comisionado del INAI que guardan las mismas. Parecería elemental que esto es información pública, más aún cuando una institución igualmente pública es la responsable en el manejo de estas inversiones que, vistas así fríamente parecen representar un episodio de economía bursátil. Pero no es así, el tema va más allá y se enquista en el rubro del patrimonio de los servidores públicos destinados a la pensión a la que tienen derecho llegado el momento de jubilarse. Pero no sólo tiene un interés para quienes de su salario se les han descontado las aportaciones necesarias para el sistema de pensiones, sino que ofrece también un panorama mucho más amplio: la rendición de cuentas en el manejo de recursos por parte del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocido como PENSIONISSSTE.

Podría pensarse, en principio, en la posibilidad de que esta información pudiera ser considerada como confidencial, tal vez porque tenga que ver con el patrimonio de los propios trabajadores al servicio del Estado o por razones de un secreto bursátil en las operaciones financieras realizadas para obtener rendimientos en inversiones realizadas con esos fondos. Sin embargo, ello no es posible frente al manejo de recursos públicos por instituciones públicas. Y de ninguna manera, dar a conocer esta información afectaría el esquema de competencia entre los actores que juegan, acorde a las reglas del mercado de valores. Conocer el monto y las empresas en las que se invierte, no ofrece una estrategia económica.