Consultas Anticorrupción: México y Colombia
El pasado 31 de agosto, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) echaron a andar una consulta pública para definir la Política Nacional Anticorrupción. Se espera que el producto de esta consulta sea un borrador que será analizado por expertos, presentado y discutido en ocho foros regionales, e integrado en una propuesta de Política Nacional Anticorrupción que se hará pública el 19 de diciembre de este año.
Por azarosa coincidencia, en Colombia también se realizó una consulta a los ciudadanos sobre un conjunto de reformas legales para tratar de controlar la corrupción. Esta consulta fue impulsada por la senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano del Partido Alianza Verde. La consulta se celebró apenas el domingo 26 de agosto, y en ella se pedía el apoyo de los ciudadanos para impulsar una lista de siete acciones en contra de la corrupción: reducir el salario de los congresistas; la cancelación del derecho a libertad temprana y la cancela- ción de contratos a quienes han sido condenados por corrupción; la homologación de trámites para las compras públicas; la introducción de mecanismos de presupuesto participativo; mecanismos de rendición de cuentas para legisladores; la obligación de hacer pública la declaración patrimonial, así como extinción de dominio para prestanombres, y un límite a la reelección de tres períodos para legisladores y otros puestos de elección de nivel local. Más de once millones de ciudadanos colombianos votaron para aprobar las siete propuestas, pero como ninguna de ellas rebasó el umbral legal de 12,140,342 votos –la tercera parte del padrón electoral–, no fueron formalmente aprobadas. A pesar de ello, y tomando en cuenta que había un ambiente social en el que los ciudadanos exigían un mayor compromiso del gobierno contra la corrupción, el miércoles 29 de agosto, apenas tres días después, los promotores de la consulta se reunieron con legisladores y el presidente Iván Duque para acordar que el primer paquete de reformas anticorrupción derivadas de la consulta se presentará al Congreso antes del 17 de septiembre, con carácter de urgente para que sean aprobadas antes de diciembre.
Si bien la lista de propuestas anticorrupción de la consulta colombiana es un tanto superficial y, según los críticos colombianos, redundante con las leyes vigentes, el hecho es que el ejercicio de consulta generó un gran apoyo entre la población, y aunque no alcanzaron el umbral de aprobación, reunieron los apoyos de líderes políticos y generaron el momentum suficiente como para impulsar una agenda de reformas urgentes. La consulta mexicana es fundamentalmente distinta. No se trata de una consulta para reunir apoyos para una reforma legal impulsada por la sociedad, como fue en su momento la iniciativa ciudadana de la llamada Ley 3de3. En este caso se trata de recibir de la sociedad opiniones en un cuestionario electrónico que incluye preguntas de opción múltiple, de priorización y preguntas abiertas, sobre la definición de corrupción, sus causas, sobre las acciones que deben implantarse para combatirla, propuestas, prioridades y principales actores. Colombia se encuentra, pues, en un momento parecido al de México cuando se dio el gran movimiento social a favor de la propuesta 3de3. Cabe aquí preguntarse si lo que convenía en el caso de México era hacer una convocatoria para una consulta ciudadana. En mi opinión, México se encuentra sobrado de índices y diagnósticos que miden aspectos sobre la corrupción y que en tiempos en los que se ha abusado de la figura de consultas hasta el punto del choteo, una consulta pública no era lo que se requería en este momento. México se encuentra sobrado de casos de corrupción que no han sido investigados por las autoridades que deberían hacerlo, pero que son casos que sí han sido descubiertos y desvelados por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción nos demostraron con la investigación llamada “Estafa Maestra”, que los medios y la sociedad civil son capaces de desenmascarar organizaciones completas dedicadas a esquilmarle rentas al Estado mexicano. IMCO nos demostró con el estudio “Índice de Riesgos de Corrupción: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, que los datos en poder del gobierno pueden ser utilizados para identificar áreas de riesgo en las compras gubernamentales y tendencias que señalan la posibilidad de manipulación de los sistemas de compras. Todo esto nos dice que los mexicanos sabemos desde hace tiempo qué es y dónde está la corrupción; quiénes son las autoridades que han sido omisas en sus responsabilidades y por dónde debemos empezar a trabajar. No se requieren consultas para saber lo que ya sabemos. Esos dos ejemplos nos hablan de que el Estado mexicano –la sociedad mexicana– cuenta ya con la “capacidad instalada” para prevenir, identificar y combatir gran parte de la corrupción que nos afecta. Si el Sistema Nacional Anticorrupción hubiera puesto en marcha un conjunto de proyectos dedicados a identificar qué acciones de política pública, qué reformas legales y qué modificaciones administrativas necesitamos para prevenir que se presenten de nuevo casos como la “Estafa Maestra” y otros que están plenamente documentados, estaríamos hablando hoy de los resultados de la lucha contra la corrupción y no de los futuros resultados de consultas.