Afirman que AMLO iría por estructuras en lavado de dinero
El próximo titular de la UIF se reunirá la próxima semana con Hacienda para poder hacer un diagnóstico ‘real’
Buscarán que haya responsabilidad penal en coordinación con otras dependencias
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero, con el objetivo de que las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto, propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad. En entrevista con El Financiero Bloomberg, señaló que la próxima semana tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de transición.
La reunión con Hacienda será para que le proporcionen información y así poder hacer un diagnóstico ‘real’ antes del primero de diciembre sobre el impacto de los temas de lavado de dinero en todos los frentes, detalló. “Creo que es muy importante revisar el cúmulo de facultades de la UIF para efecto de asegurar bienes, decomisar y sobre todo empezar a atacar las estructuras financieras de todos los movimientos ilícitos que se dan en el ámbito del financiamiento”. “Hay varios problemas en el tema de congelamiento de cuentas, que es uno de los temas principales que tiene la Unidad y donde hay una resolución de la corte declarando la inconstitucionalidad de estos procedimientos”, señaló Nieto. Tras reunirse con las autoridades de Hacienda, comenzarán a revisar los casos que hay en la UIF y, a petición de López Obrador, a partir del 1 de diciembre se iniciará un proceso de revisión de todas las denuncias y los procesos de investigación que permitan detectar las estrategias del delito, reveló.
“Hay que entender que la delincuencia organizada en sí es una metodología para la comisión de conductas delictivas y que el lavado de dinero en este caso puede darse en muy diversos frentes”, afirmó.
SIN VENGANZAS EN CASO ODEBRECHT
En el caso Odebrecht, empresa brasileña vinculada con una red de sobornos que implicó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sostuvo que desde su nuevo cargo no actuará en venganza contra ningún funcionario o exfuncionario, por lo que si hay algo que perseguir, se hará por justicia.
“Si el señor Lozoya es responsable, se tendrá que ejercer acción penal contra él, o responsabilidad administrativa, inhabilitación o investigación, si no es responsable no, pero lo que nosotros estamos planteando es que no vamos a desatar una cacería de brujas, pero no vamos a dejar bajo ninguna circunstancia que quede en la impunidad”. Nieto indicó que la UIF tiene una finalidad legal, que es investigar todos los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita para que haya consecuencias en el ámbito de las responsabilidades penales, por lo que se trabajará en generar insumos para la PGR y la Fiscalía General.
El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dijo que su objetivo al frente de la UIF será coordinar varias áreas del Estado mexicano, para efecto de que la estrategia de combate al blanqueo de capitales no se quede en un análisis de inteligencia financiera en las gavetas o archivos, sino que se ejerza acción penal. “El modelo tiene que partir de una política criminal del Estado mexicano encausada a poder combatir la corrupción y esto no se puede dar si no hay una adecuada coordinación”, aseguró.
Operaciones en efectivo con dólares
OPERACIONES INUSUALES SE DENUNCIAN POCO
En los últimos años creció el reporte de operaciones inusuales presuntamente relacionadas con lavado de dinero, pero son pocas las denuncias que ha hecho la autoridad a partir de las “alertas”. En el sexenio del presidente Peña Nieto se registraron 764 mil 905 reportes de operaciones inusuales
presuntamente vinculadas con blanqueo de dinero, un alza de 171 por ciento respecto de la administración anterior, señalan datos a junio de 2018 de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero, sólo se hicieron 548 denuncias a partir de esos reportes, un 0.7 por ciento.