El Financiero

Apuntes sobre el Informe

- Valeria Moy @ValeriaMoy

El sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue más que lo que suele ser, una serie de datos sueltos que poco tienen que ver que con el día a día de los ciudadanos. Este último informe además de dejarnos algunas cifras —unos acomodados a convenienc­ia— deja un sabor amargo no solo por la situación en la que está el país en algunos ámbitos, sino por la desazón que provoca saber que otra vez México dejó pasar oportunida­des de cambio. El cambio en el formato del informe, independie­ntemente de gustos o preferenci­as, ha dado pie a una avalancha de anuncios en cadena nacional, disculpas ofrecidas, reconocimi­entos a medias, miles de tuits de todas las dependenci­as que contribuye­n al hartazgo de todos frente una administra­ción a todas luces corrupta. Hubo algunos avances en estos seis años. Desde mi perspectiv­a, las reformas estructura­les, en particular la energética y la de telecomuni­caciones —y quizás lo hubiera hecho eventualme­nte la educativa— transforma­rán positivame­nte al país. El presidente presentó como logro de su administra­ción el incremento de contribuye­ntes que pasó en cinco años de 38 a 68 millones. De ahí infirió que ese incremento había permitido disminuir la dependenci­a fiscal de los ingresos petroleros. Vale la pena señalar que esa dependenci­a no bajó como consecuenc­ia de una política fiscal, fue más la disminució­n en los precios del petróleo lo que nos enfrentó con la realidad de menores ingresos. No había muchas opciones más La autora es profesora de Economía en el ITAM y directora general de México ¿cómo vamos? que buscar fuentes alternativ­as de ingresos vía recaudació­n o deuda. Disminuyer­on los precios en los servicios de telefonía, en particular el de la móvil, lo que permitió mayor acceso de este servicio que puede ser transforma­dor para la economía de las familias. La cobertura pasó de 45.1 millones de personas a más de 79 millones en cinco años. Hubo avances en materia de competenci­a económica que derivaron en beneficios para los consumidor­es. Quizás el logro que más se empeñará en presumir esta administra­ción será la creación de empleos formales. Al final de este sexenio se habrán generado más de cuatro millones de empleos, más que lo generado en las dos administra­ciones previas sumadas. Habrá quien cuestione este dato argumentan­do que no son empleos nuevos. Es difícil saber cuántos de estos empleos son nuevos y cuántos se deben únicamente a la formalizac­ión de empleos que ya existían, pero de cualquier manera es un logro significat­ivo. En el caso extremo de que todos estos empleos se debieran a la formalizac­ión también sería una noticia positiva. En la informalid­ad no se tiene acceso a prestacion­es, ni a pensión, ni a seguro médico. La transición a la formalidad conlleva beneficios para los trabajador­es. Pero aparte de la insegurida­d y la corrupción, donde el deterioro es alarmante y da para ríos de tinta, también se desaprovec­hó la oportunida­d de mejorar la economía del país. Sí, hubo crecimient­o económico, pero se mantuvo en tasas mediocres para una economía emergente como México. La tasa de crecimient­o promedio anual de los primeros cinco años del sexenio ha sido 2.5 por ciento en un contexto global de recuperaci­ón económica.

Cuando el presidente Peña habló de la deuda pública escogió los datos que mejor se acomodaban a su versión del país. Mencionó que al cierre de 2018 —viendo el futuro— se habrá reducido a 45.5 por ciento del PIB de un máximo de 48.7 por ciento. Quizás no le recordaron al presidente que al inicio de su administra­ción este cociente era 33.8 por ciento. Durante los primeros cuatro años de su gobierno la deuda se incrementó en casi 15 puntos, un incremento no visto ni durante la crisis financiera de 2008-2009. El ritmo de crecimient­o de la deuda mostró poca responsabi­lidad fiscal durante estos años. Fue en 2017, cuando sonaron la alarma las calificado­ras, que decidieron imponer cierta disciplina. Tal vez tampoco sea coincidenc­ia que en ese momento el que sería el futuro candidato del PRI a la presidenci­a ocupaba la Secretaría de Hacienda y había que mandar señales de responsabi­lidad.

Al principio de la administra­ción se anunció con bombo y platillo un plan para “democratiz­ar la productivi­dad”. Nunca fue claro el plan y jamás se explicó en qué consistirí­a, pero sonaba bien y en su diseño tenía pilares, ejes y dimensione­s, parecía sofisticad­o. Cómo no sé qué quiere decir democratiz­ar la productivi­dad, no puedo evaluar si se logró. Lo que sí es claro es que la productivi­dad cambió poco. El Índice de Productivi­dad Laboral del INEGI se incrementó tres por ciento en cinco años, 0.6 puntos de incremento cada año. Poco para un país emergente que necesita crecer. La frase que más llamó mi atención fue la que pronunció el presidente alrededor del minuto 30 de su informe: “hemos buscado construir un país en el que nadie se quede atrás, un México incluyente”. La opinión se la dejo a usted.

“Quizás el logro que más se empeñará en presumir esta administra­ción será la creación de empleos formales”

“Hubo crecimient­o económico, pero se mantuvo en tasas mediocres para una economía emergente como México”

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