Instituciones ciudadanas para la democracia
“El conocimiento es poder. La información es liberadora. La educación es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia”. Kofi Annan, in
memoriam.
La autonomía constitucional se inscribió en la Ley Fundamental como una función de Estado específica para desarrollar actividades de alta especialización, blindada con características como la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de su encomienda; ejemplo de ello, México cuenta con órganos autónomos en materia electoral, derechos humanos, procuración de justicia, banca central, telecomunicaciones, evaluación educativa, evaluación del desarrollo social, eficiencia de los mercados, estadística y geografía, así como el propio garante del acceso a la información y protección de datos personales que cruza transversalmente a todos los poderes y órganos del Estado. Mediante distintos mecanismos, el Poder Constituyente
Comisionada del INAI ha establecido que el perfil de sus integrantes se articule de manera plural y procurando, preferentemente, la paridad de género. Ello viene a colación por dos cuestiones: a) el tipo de decisiones que se asumen, las cuales tienen que ser respetadas y atendidas por los poderes clásicos y los otros órganos autónomos y, b) por la definición que se hará durante esta Legislatura Federal para designar a Ministros de la Suprema Corte, Consejeros del INE, Comisionados del INAI, Fiscal General de la República, entre otros. Salvo funciones específicamente jurisdiccionales como la Suprema Corte o la Fiscalía General por el grado de complejidad de sus asuntos, en los demás órganos autónomos es encomiable que la integración de ellos sea multidisciplinaria. Tal circunstancia nos aleja de criterios acotados que estiman que el ejercicio de una autonomía constitucional debe ser exclusiva de una profesión.
Es un debate que se sigue desarrollando; por ejemplo, José Antonio Caballero Juárez del CIDE, en el año 2007, planteó cómo en el Poder Judicial de la Federación debían perfilarse los cargos de la carrera judicial, tratando de definir los conocimientos, habilidades y destrezas que son necesarias para realizar dicha función de Estado.
En el caso del IFT, el INE y el INAI, es adecuado que concurra un diseño institucional plural e interdisciplinario entre las profesiones; ello sin duda, es necesario para atender las necesidades de una población cada vez más exigente y participativa que está inmersa en un mundo globalizado y tecnológicamente cada día más avanzado. Estoy convencida que, en funciones tan complejas, la multidisciplinariedad de perfiles, el compromiso institucional y el apego a los principios y valores a la cultura de la transparencia, coadyuvan en el éxito, las metas y objetivos para las cuales fueron inscritos en la Carta Magna; razonar lo contrario y circunscribir al mundo de una rama del saber es, además de discriminatorio, contraproducente en una era en la que el conocimiento debe ser abordado desde distintos enfoques.
Cabe señalar que las diversas exposiciones de motivos de los legisladores, al configurar a los órganos autónomos, refieren que estos deben contar con titulares con una vocación ciudadana, es decir, personas con prestigio, experiencia, trayectoria probada, imparcialidad y neutralidad ante la opinión pública y, sobre todo, objetividad con la que deben de tomar decisiones sobre los intereses de los poderes fácticos.
Es así que, en esta nueva construcción democrática, resulta adecuado el intercambio de experiencias profesionales heterogéneas, que concurren y suman en el análisis plural de los derechos tutelados. Existen resultados tangibles de las fórmulas constitucionales que incorporan perfiles diversos en integraciones de los órganos autónomos, a grado tal, que se suele recordar por episodios de las instituciones vinculadas, a grandes personajes que venían de formaciones diversas lo que le daba un peso específico al cuerpo colegiado y sus decisiones. Por ejemplo: María Marván, Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio en el caso del otrora IFAI o José Woldenberg en el IFE, ejemplifican que no se requiere ser perito en Derecho para resolver temas de alta complejidad técnica sino un trabajo colegiado responsable y de un enfoque multidisciplinario. En síntesis, la autonomía constitucional y la ciudadanización de los órganos autónomos como el INE y el INAI es una conquista democrática; en México debemos guiarnos por esta constante y hacer asequible a la ciudadanía nuestra función, a fin de cumplir con nuestra tarea constitucional, de trabajar para atender las causas ciudadanas.