Apuntes para una agenda efectiva de control de la corrupción
La elaboración de la Política Nacional Anticorrupción está –finalmente– en marcha. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), responsable de diseñar, aprobar, promover, evaluar, ajustar y modificar la Política Nacional Anticorrupción, tendrá bastante material para trabajar dicha política, pues ya se han hecho públicas varias propuestas y hay otras que están en proceso. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Red para la Rendición de Cuentas del CIDE han publicado ya sus propuestas. En estos días, el Programa Interdisciplinario para la Rendición de Cuentas del CIDE lleva a cabo una serie de consultas regionales para elaborar una política anticorrupción y, en paralelo, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del SNA arrancaron una consulta pública en línea y foros regionales rumbo a la confección de una propuesta de política anticorrupción, que deberá estar integrada en diciembre de este año. Además de las propuestas ya presentadas y de las que están en proceso, se encuentran los planteamientos hechos por el Presidente electo y por la futura secretaria de la Fun- ción Pública sobre las prioridades del próximo gobierno en cuanto la política anticorrupción.
No será, desde luego, el primer programa anticorrupción que se hace en México. Miguel de la Madrid impulsó, como parte de la llamada “Renovación Moral”, la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, reformas en materia de compras y obra pública, la creación del sistema Compranet, la regulación de conflictos de intereses y criterios de austeridad en las prestaciones para servidores públicos. En 2001 se publicó el “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo” (sic), y en 2007, el “Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción”, cuya elaboración, este último, fue responsabilidad de mi equipo de trabajo. Ya en esta administración, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la promoción de la transparencia estuvieron reflejados en la meta “México en Paz” y en la estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno” del Plan Nacional de Desarrollo. En la discusión internacional sobre políticas anticorrupción, existe un gran escepticismo acerca de la efectividad real de los programas y acciones diseñadas para combatirla. Lo cierto es que no hay muchas historias de éxito en el combate a la corrupción en los últimos 20 años. Esto se debe en parte a que, en su mayoría, los programas anticorrupción han sido reacciones políticas a situaciones coyunturales que no buscaron de forma sincera atacar las raíces del problema, sino simplemente salir del paso. Sin embargo, hay razones de mayor profundidad que pueden explicar el fracaso de estos planes y ayudarnos a mejorar las posibilidades de éxito en un futuro.
En 1997, el Consejo Ejecutivo del Banco Mundial aprobó su estrategia anticorrupción, en la que este problema fue definido como el “uso de una oficina pública para ganancias privadas”, que al día de hoy es la definición más aceptada y difundida. Una de las directrices de esta estrategia fue la de ayudar a los países en desarrollo a diseñar políticas anticorrupción. Este propósito ha estado presente desde entonces y se relaciona de forma muy importante con el fracaso de las políticas anticorrupción en países en desarrollo o que se encuentran como México, dentro de un proceso de transformación económica y transición política. Muchas de las políticas que el Banco impulsó en países en desarrollo para promover el crecimiento y el bienestar, se vieron fortalecidas y enfatizadas con el impulso anticorrupción, como parte de una receta que incluía liberalización económica, reformas al servicio civil, privatización de empresas públicas, fortalecimiento de la gobernanza, descentralización, mayor apertura democrática, leyes de acceso a la información y la promoción de la participación de la sociedad civil en el monitoreo y vigilancia de las acciones del gobierno. Formas de esta agenda se vieron reflejadas en los planteamientos de otros organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y en convenios multilaterales anticorrupción, por lo que la mayoría de los planes anticorrupción en el mundo siguieron más o menos el mismo guion temático y respondían al mismo planteamiento teórico, en el que se asumía como un hecho que una de las causas del subdesarrollo eran los altos niveles de corrupción. Sin embargo, para la mayoría de los países que nos sujetamos a esa agenda, no hubo resultados en materia de control de la corrupción; al contrario, en muchos casos la corrupción empeoró. Los procesos de democratización, liberalización y descentralización lejos de combatir la corrupción en países en desarrollo la han agravado, y esa ha sido la experiencia concreta en Europa del Este, África, América Latina y en específico de México. La democracia ha traído más corrupción, como ha señalado Luis Carlos Ugalde (https://www. nexos.com.mx/?p=24049), la descentralización ha prohijado a la generación de gobernadores más corrupta de la historia de México, y los procesos de privatización y liberalización económica han permitido el surgimiento de grupos económicos depredadores y rentistas.
El hecho es que no hay referentes históricos de países que hayan logrado acceder a un nivel de desarrollo económico relevante como resultado directo de una política anticorrupción exitosa; más bien, los países que han alcanzado ese desarrollo (Corea del Sur) o que han gozado de un crecimiento sostenido a lo largo de los años (China), lo han logrado al tiempo que los niveles de corrupción se han mantenido relativamente altos, incluso a niveles parecidos a otros países que no crecen y que se han estancado en el subdesarrollo.