Apuntes para una agenda efectiva de control de la corrupción

Desde que inició el debate anticorrupción a nivel internacional hace unos 25 años, las políticas emprendidas por la mayoría de los países, entre ellos México, han fracasado. La adopción de políticas y leyes anticorrupción no han logrado modificar las calificaciones de los índices que miden corrupción ni la percepción de los ciudadanos sobre la gravedad de la corrupción, lo cual genera problemas de legitimidad para muchos gobiernos, en especial para las democracias jóvenes. El fracaso de las políticas anticorrupción tiene su origen en la influencia de factores externos que eliminaron su posible efectividad, en una identificación deficiente de las prioridades en planes anteriores, y en la incapacidad para instrumentar dichos planes, resultado en gran medida de la ausencia de mecanismos de coordinación de esfuerzos entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, pero también de la debilidad institucional y la falta de voluntad política. La importancia del programa nacional anticorrupción que se discute en estos días, es que por primera vez tenemos conciencia de las razones del fracaso de los programas ante- riores, que ahora tenemos más y mejores diagnósticos, y que con el Sistema Nacional Anticorrupción contamos ahora con un mecanismo de orientación, coordinación y evaluación de la política anticorrupción. No obstante, persiste el riesgo de que el nuevo programa anticorrupción repita los vicios de programas anteriores, que pierda el foco y que se convierta en un mecanismo burocratizado y estéril. Es fundamental prevenir que eso ocurra. El programa nacional anticorrupción no debe ser un simple catastro de pendientes y buenas intenciones. Debe ser un instrumento dinámico y adaptable, que se acomode a las características cambiantes de la corrupción, que no sea prisionero del debate político y que más que un documento que responda a un enfoque teórico específico centrado en conceptos como la captura del Estado o el combate a la impunidad, tenga una dimensión pragmática, de proyectos y acciones medibles, evaluables y con metas concretas, más que de grandes planes que al final nunca aterrizan. La política anticorrupción debe diseñarse con base en la experiencia acumulada –los casos dictan las políticas–, el conocimiento compartido y el aprendizaje colaborativo, haciendo énfasis en la prevención. Esta nueva política debe apostar por el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para controlar mejor la corrupción. Aquí algunas ideas sobre esta orientación:

1.- Identificar la causa raíz del problema.

Cada caso de corrupción identificado por las autoridades o medios de comunicación debe pasar por un análisis “causa raíz”, de tal forma que podamos conocer más sobre la forma como operan las redes de corrupción y tratar de identificar los factores que permitieron que un trámite, servicio, decisión de política o interacción entre servidor público y ciudadano se corrompiera. Ese mayor conocimiento debe ser la fuente para el diseño de acciones de política y de reformas legales y administrativas que prevengan que en el futuro se presenten casos parecidos. El análisis causa raíz debe ser sistémico siempre que se presente un caso de corrupción y debe ser parte del trabajo cotidiano de todas las oficinas públicas.

2.- Documentar las lecciones aprendidas y evitar recurrencias. Además de analizar las condiciones institucionales que permitieron un caso específico de corrupción, los resultados del análisis deben documentarse y compartirse con el fin de generar conocimiento y recomendaciones a implantar para evitar que haya recurrencias. Las acciones de combate a la corrupción deben convertirse en experiencias que se estudien y compartan, con el fin de generar una comunidad que produzca mejores conocimientos sobre los problemas específicos de corrupción y desarrollar soluciones correctivas.

3.- Desarrollar las capacidades tecnológicas del Estado.

El uso de tecnologías de la información para el control de la corrupción es más que la publicidad de la información. Es necesario mejorar las capacidades del Estado mexicano y sus instituciones para reorientar la construcción de sus sistemas digitales hacia plataformas de colaboración y de análisis de datos que ayuden a prevenir la corrupción y los conflictos de intereses antes de que se presenten y a contar con mejores herramientas de investigación.

4.- Innovación.

Las nuevas políticas anticorrupción deben ser más que el trasplante en el ámbito doméstico de mejores prácticas internacionales, para que al final sean mal implementadas. No debe intimidarnos la posibilidad de adoptar nuevas políticas que se adapten a nuestra realidad particular y a los problemas específicos que se presentan en distintas regiones y sectores económicos de México.

5.- Vincular el combate a la corrupción con la mejora de la calidad del gobierno.

Las políticas de control de la corrupción no están aisladas de otros problemas de gobernanza; deben vincularse con temas como la organización de elecciones, la seguridad pública, el combate a la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la discriminación y la promoción del crecimiento y competencia económicos, en los que la corrupción es un elemento que incide de manera negativa.

“La política anticorrupción debe diseñarse con base en la experiencia acumulada”