“Por los demás”, Puebla y Coyoacán
Con el arrebato de la victoria en Coyoacán, por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la CDMX, a la coalición PAN-PRDMC, encabezada por el exfutbolista Manuel Negrete, y el recuento de la totalidad de los votos en la elección a gobernador en Puebla, ordenado por el TEPJF, ambos casos en favor de Morena, se observa una actuación parcial de la autoridad electoral.
Si a lo anterior le sumamos la sentencia en la que se revoca la multa a Morena por el caso del fideicomiso “Por los demás”, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues estamos ante una línea de interpretación tendenciosa y con la impartición de justicia que no corresponde a los mandatos torales de ese órgano con jurisdicción contenciosa electoral en materia federal.
En la corta vida institucional ese organismo no se había registrado en sus sentencias y criterios jurisprudenciales una aplicación de la norma sesgada, contraria a su fin último, que es el respeto y protección de los derechos políticos-electorales de los mexicanos que emiten sus votos, así como de quienes compiten en los procesos electorales. A más de cinco lustros de su creación, el TEPJF se supone que debe garantizar con sus decisiones, la certeza, seguridad jurídica y sobre todo la paz social, confirmando con su actuación el respeto de todos a las leyes y a las instituciones.
Ante este reto, el Tribunal Electoral debe construir credibilidad en todas sus actuaciones; sin embargo, está ha quedado dañada con sus recientes fallos, que esperemos que en los casos de Puebla y Coyoacán se apeguen plenamente a derecho y no salga beneficiado el partido del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Habrá que recordar que la democracia funciona mejor cuando la ciudadanía confía en las instituciones, por lo que ahora más que nunca se requiere un Poder Judicial independiente, y por su supuesto con credibilidad. El pasado 5 de septiembre escribimos lo siguiente: En el caso del fideicomiso creado por Morena denominado ‘Por los demás’, la Sala Superior consideró que la investigación realizada por el INE no fue exhaustiva, porque no se agotó la línea de investigación, y que las diligencias realizadas por la autoridad no fueron suficientes, ya que no derivaron en una investigación integral de los hechos. En particular, la autoridad debió haber solicitado la colaboración de las instituciones bancarias y hacendarias, así como instaurar procedimientos sancionadores correspondientes para determinar la identidad de los aportantes al fideicomiso.
El pleno señaló que no existe nexo causal entre el sujeto responsable por los hechos supuestamente violatorios de la normatividad electoral, léase Morena, y determinación de un beneficio que este hubiese obtenido de la actividad ilícita. Es decir, en el caso, era necesario demostrar un beneficio políticoelectoral a Morena, por lo que los magistrados consideraron que, ante la ausencia de hechos irregulares probados y conexión entre ellos y el partido, la autoridad debió respetar la presunción de inocencia a favor de Morena. Y concluyeron con una joya: “En consecuencia, al no haberse acreditado su responsabilidad directa o indirecta por la creación y operación del fideicomiso, se revoca la resolución impugnada y con ello la sanción impuesta por el INE al partido Morena”. Y cuando todos esperaban que el Tribunal Electoral devolviera la resolución al INE para que ampliara y profundizara las indagatorias, pues sorpresa, decidieron los magistrados cortar por lo sano y dar por concluido el asunto.
Por el bien de la nación y la consolidación de la incipiente democracia mexicana, así como de las propias instituciones, es vital que el Tribunal Electoral actúe conforme a derecho en los casos de Puebla y Coyoacán, no como comparsa de un nuevo gobierno que ya tiene bajo su égida al Poder Legislativo y poco le falta para que haga lo propio con el Poder Judicial.