Tremendismo y oportunidades perdidas
La represión de los jóvenes es uno de los peores instintos de la autoridad. Ojalá el próximo gobierno cumpla la promesa de cambiar esta represión por una política incluyente, que contribuya a alejar de la delincuencia a los más vulnerables. Sin embargo, es muy difícil cambiar para bien un fenómeno que no conocemos. Por lo tanto, antes de diseñar políticas habría que construir un diagnóstico bien informado sobre la relación entre los jóvenes y la delincuencia. En particular, los funcionarios del próximo gobierno harían bien en evitar el tremendismo y examinar a profundidad las cifras que manejan.
Por ejemplo, yo tendría serias reservas sobre la existencia de 460 mil niños “armados hasta los dientes”, que trabajan como halcones para el crimen organizado (la cifra la mencionó Alfonso Durazo, señalando que era una estimación de organizaciones sociales). Si así fuera, en México tendríamos una fuerza armada infantil del doble del tamaño de nuestro Ejército. Las organizaciones criminales en México indudablemente reclutan niños, frecuentemente como halcones. En algunos casos les darán armas (aunque dudo que sea la norma). Sin embargo, la realidad es que los menores que entran en conflicto con la ley en México tienen, en la mayoría de los casos, un perfil menos amenazante. Muchos no tienen ninguna vinculación con los cárteles y las mafias. Otros trabajan como narcomenudistas y su única vinculación es que tienen que pagar cuota para poder vender.
También es necesario revisar las expectativas en relación con la amnistía. Es una buena idea reducir las sentencias de muchos de quienes están en prisión por posesión o incluso por comercio de droga. Ojalá se haga. Sin embargo, el número de jóvenes que se podrían beneficiar de esta medida es relativamente reducido. Ciertamente es mucho menor a las cifra de 100 mil jóvenes que ha manejado la exministra Olga Sánchez Cordero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), en 2016 en todo el país había 211 mil adultos recluidos en algún centro de readaptación social, de los cuales sólo 25 mil fueron detenidos por posesión o comercio ilegal de drogas. Si tomamos en cuenta que la mitad son mayores de 30 años, y si sumamos a los adolescentes a los que se haya dictado alguna medida de internamiento, tenemos que el total de jóvenes privados de la libertad por posesión o comercio de droga no debe ser mayor a 14 mil.
Es cierto que todavía hay mucho por hacer para evitar que estén en prisión personas que merecen una segunda oportunidad, o incluso personas que son inocentes. Sin embargo, la amnistía (si se entiende por amnistía algún beneficio por medio del sistema de justicia penal) no puede ser una medida de gran calado porque México no es, afortunadamente, un país que haga un uso extremo de la cárcel. El grueso de las víctimas de abusos e injusticias, y de quienes necesitan ser rescatados de la delincuencia, están en las calles. La política de reconciliación del próximo gobierno tendría un impacto mucho mayor si, además de pensar en una amnistía para quienes están en los penales, también se plantea un cambio en la forma como otras instituciones del Estado –empezando por la policía– tratan a los jóvenes que incurren en delitos o conductas antisociales. De hecho, arrestar jóvenes que traen droga –y que van desarmados en su gran mayoría– es una de las principales ocupaciones de nuestras corporaciones policiales. De acuerdo con los datos que he analizado, extraídos de una muestra de informes policiales homologados (IPH), alrededor del 15 por ciento del total de detenciones tienen que ver con el consumo, la portación o la venta de alguna sustancia distinta al alcohol. Estas detenciones sí suman cientos de miles. Mi estimación es que cada año las policías de todo el país realizan en conjunto unos 300 o 400 mil arrestos vinculados a drogas distintas al alcohol, y que la edad mediana de los detenidos es de 22 años. Lo más preocupante es que una tercera parte de estas detenciones tiene que ver con inhalables, sustancias de uso frecuente entre los jóvenes más pobres o en situación de calle, pues quitan la sensación de hambre.
De los cientos de miles de detenciones de jóvenes que se realizan cada año, la mayoría no termina en una estancia prolongada en prisión. Sin embargo, los jóvenes sí suelen ser maltratados por algunas horas o días. En ocasiones, este maltrato llega a tener consecuencias graves, como fue el caso de Marco Antonio Sánchez, el estudiante de la Prepa 8 que desapareció por varios días después de haber sido detenido por la policía capitalina. Fuera del maltrato, estos cientos de miles de detenciones son casi siempre una oportunidad perdida: para apoyar hogares donde generalmente no hay los recursos para que los hijos estudien o para tender una mano a quienes ni siquiera tienen un hogar. Algo en lo que también podría pensar la próxima administración.