Mejora en la rendición de cuentas de los servidores públicos
Después de un invaluable esfuerzo, que involucró a expertos nacionales e internacionales, servidores públicos, sociedad civil y academia, fue generado un documento de avanzada en materia de combate a la corrupción. El pasado 13 de septiembre fue aprobado, por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el Formato de Declaraciones Patrimonial y de Intereses, con el cual se transforma significativamente la manera en que rendimos cuentas los servidores públicos.
El formato aprobado tiene como antecedente la reforma constitucional de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción, la cual obedeció a los compromisos internacionales suscritos por México, así como a los importantes esfuerzos de la sociedad civil organizada para colocar en el centro del debate público una de las problemáticas que más han afectado el desarrollo del país, y que requería un esfuerzo inmediato para combatirla.
De los 555 datos aprobados por el Comité de Participación
Comisionado del INAI Ciudadana, el INAI consideró la permanencia de 494, eliminar 5, desglosar 56 en 252, y agregar 117, para que el formato quedara en un total de 863 datos. El estudio de estas adecuaciones se encuentra disponible para consulta en http://inicio.inai. org.mx/AcuerdosDelPleno/ACTPUB-29-06-2018.03.pdf
El ámbito de aplicación del formato comprendería a los 4.2 millones que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, forman parte de la administración pública de nuestro país; los rubros temáticos que se contemplan corresponden a las diversas áreas que impactan, directa o indirectamente, en el entorno patrimonial de los servidores públicos, así como en la identificación de posibles conflictos de interés. El formato recabará información no solo del declarante sino, además, la relativa a: El cónyuge o equivalente, los dependientes económicos ya que, al tener una relación directa con el declarante, integran el mismo núcleo patrimonial (terceros directos); así como
Las personas físicas y morales con los que mantenga algún tipo de relación comercial, societaria o cualquiera de naturaleza similar u homóloga (terceros indirectos). Es importante señalar que, si bien mediante los formatos se recaba cierta información que recae en la esfera privada de terceros directos, y que en principio se considera confidencial, lo cierto es que contar con este tipo de información permite identificar con mayor facilidad situaciones en las que se actualice algún conflicto de interés.
El valor de los nuevos formatos no solo radica en el análisis comparativo respecto al incremento en el número de datos que se requiere a los declarantes, sino en la calidad y nivel de desagregación, lo que permitirá un trabajo de investigación con mayor nivel de efectividad respecto de la evaluación patrimonial y la adecuada detección de conflictos de intereses. Asimismo, destaca el valor social de la información como elemento indispensable para que la ciudadanía conozca y pueda detectar posibles actos de corrupción. En el contexto actual, el papel del ciudadano y el control social serán representativos y forman parte de un esquema de corresponsabilidad con el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en el objetivo de alcanzar un servicio público más eficiente, responsable y transparente.
La aplicación del Formato de Declaraciones Patrimonial y de Intereses se encuentra considerada a partir de mayo de 2018; en ese sentido, el INAI consideró que su aplicación debiese iniciar desde el 1º de diciembre del año en curso, para coincidir con el cambio de administración, y con ello, tanto servidores públicos que dejarán el cargo, como quienes lo ocuparán, cumplieran con el formato. Por lo anterior, en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, resulta primordial el compromiso de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, pues la exitosa implementación del Formato depende de manera significativa de la internalización de los nuevos esquemas normativos para prevenir y erradicar la corrupción.
“Contar con este tipo de información permite identificar con mayor facilidad situaciones en las que se actualice algún conflicto de interés”
“Destaca el valor social de la información... para que la ciudadanía conozca y pueda detectar posibles actos de corrupción”