Desigualdad social, el reto de la próxima administración
“La calidad de la democracia y los niveles de desigualdad económica y social están íntimamente relacionados. Pero, ¿la ciudadanía es consciente de la relación entre la desigualdad política y la desigualdad económica y social?” Rosa Cañete Alonso.
Durante la última década, los gobiernos de América Latina enfocaron sus esfuerzos en la disminución de la pobreza y la ampliación de las oportunidades de los sectores más postergados, mediante la implementación de políticas públicas incluyentes. Los resultados no son parejos en la región, aún hay mucho trabajo pendiente.
Quienes se comprometen con la situación social y política del país registran la crónica de los acontecimientos para explicar temas cruciales de los que depende el futuro de la sociedad, buscando conjugar datos e interpretación personal, agudeza y responsabilidad.
México cuenta con enormes recursos. Sin embargo, la desigualdad y la falta de oportunidades mantienen a un alto porcentaje de ciudadanos en situación de pobreza y marginación. La tercera parte de la riqueza nacional se distribuye entre el 1% de la población. El 53.2% de los mexicanos viven en situación de pobreza, registran ingresos inferiores a la línea de bienestar y carencias en educación, servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación. ¿Cómo sucedió o qué ha dejado de hacerse para que un país con recursos registre tales niveles de concentración de riqueza y desigualdad? ¿Cuál es el programa de gran amplitud que se requiere para evitar un estallido? La enorme concentración de riqueza que se registra en nuestro país provoca serios desequilibrios, y se hace evidente cuando el poder de una minoría manipula a los políticos para influir a su favor en la legislación, las políticas, los planes y los proyectos gubernamentales.
La desigualdad y la enorme injusticia que esta genera persisten porque la democracia está amenazada por grupos minoritarios que ejercen el poder económico y político. Son grupos que vician y cambian la razón de ser de las instituciones democráticas para mantener sus privilegios. Diseñan las políticas para su beneficio, vulnerando derechos y entorpeciendo la representación política.
Si estos grupos tuvieran consciencia de que con su poder e influencia pueden inclinar la balanza hacia la construcción de una sociedad igualitaria, con oportunidades y posibilidades de movilidad social, otro futuro vislumbraríamos para México. La administración del Presidente electo tiene el gran desafío de “domar” a los poderes fácticos, a fin de diseñar un proyecto que sea incluyente y per- mita reducir el abismo entre los que tienen más de lo que pueden gastar y los que no tienen ni para satisfacer sus necesidades básicas.
Aún no se conoce cuál será la estrategia que la nueva administración utilizará: el enfrentamiento, que podría provocar rompimientos y rispideces que entorpezcan la gestión; o bien la seducción, para convencer a los grupos de poder de la importancia de participar en una reconstrucción social, en la que sin duda buscarían mantener algún espacio de dominio.
Con o sin ellos, voltear la mirada hacia los sectores más desfavorecidos es un reclamo urgente que el Presidente electo ha sabido capitalizar como candidato. La gran interrogante es si logrará satisfacer esa demanda durante su gestión.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene el respaldo de la ciudadanía y del Congreso para revertir la precaria situación en la que viven más de la mitad de los mexicanos.