Ayotzinapa, emblema y herida abierta
Este miércoles 26 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de 43 jóvenes que querían ser maestros. Esa misma noche, la noche de horror de Iguala, fueron asesinadas seis personas y varias más lesionadas.
El caso Ayotzinapa se convirtió en un emblema del terror que marcó los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Un símbolo del horror que millones de mexicanas y mexicanos han padecido durante sus mandatos y que nos hereda escalofriantes recuentos: decenas de miles de muertos, sesenta mil desaparecidos (aunque la cifra podría ser mucho mayor según organismos civiles) y territorios completos bajo el control del crimen. La noche de Iguala desnudó la imbricación entre el poder político y el delincuencial, puso al descubierto la complicidad –por acción u omisión– de las fuerzas del orden de todos los niveles y sacudió a lo más alto del poder,
Senadora donde, pese a todo, prevaleció un comportamiento insensible y ciego que sólo sabe de “control de daños”. Ayotzinapa tuvo un alto costo para el gobierno de Peña Nieto. A partir de la noche de Iguala, la aprobación del gobierno cayó sin remedio entre la ciudadanía. En lugar de atender el reclamo de las madres y los padres de los normalistas, que sólo pedían –como lo siguen haciendo– verdad y justicia, el gobierno se empecinó en sostener una versión inverosímil de los hechos y en proteger a los autores de una investigación desaseada, para decirlo suavemente. Ayotzinapa, por desgracia, no está solo. En los primeros días tras la trágica noche, en la ciudad de Iguala comenzaron a aparecer hombres y mujeres que, primero con temor y luego con la fuerza de su indignación, reclamaron por “los otros desaparecidos”. En pocas semanas se supo que los cerros que rodean a la Cuna de la Bandera estaban llenos de fosas clandestinas. La valentía de las familias pronto encontró a sus hermanos en toda la geografía nacional y esa, la tragedia de los desaparecidos, es una de las principales herencias del gobierno que se va, una tragedia que exige respuestas, que es un clamor nacional y está en el centro de la política posible de estos días de cambios profundos.
El nuevo gobierno tendrá que afrontar esta dolorosa herencia porque el gobierno actual no sólo evadió sus responsabilidades, sino que se dedicó sistemáticamente a poner obstáculos en el camino de la verdad. Conviene una breve recapitulación. El gobierno de Peña Nieto tardó una semana en emitir una declaración sobre el caso Ayotzinapa. Los pasos que siguieron estuvieron encaminados a montar lo que se conoció como la “verdad histórica”, con la intención explícita de cerrar el caso a como diera lugar. La valiente persistencia de las madres y los padres logró la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de un grupo de expertos demostró que la hipótesis central del gobierno –que los estudiantes fueron quemados en una pira en el municipio de Cocula– no resultaba creíble.
La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró también que los estudiantes fueron seguidos todo el tiempo a través de las cámaras del C4, que nunca pretendieron boicotear un evento del alcalde y que la intención de la fuerza combinada de sicarios y policías fue impedir que los autobuses salieran de Iguala.
La respuesta del gobierno fue echar a andar su maquinaria para desacreditar al GIEI, una ruta, la de golpear a los organismos de derechos humanos internacionales, que fue el sello del gobierno en estos años. Con el correr del tiempo, un Tribunal Colegiado ordenó la formación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, pero el gobierno de Peña se ha opuesto a través de más de 200 recursos e impugnaciones. El asunto ha pasado a manos de la Suprema Corte.
En tanto, el gobierno que asumirá el 1 de diciembre ha dado muestras firmes de su compromiso con la verdad y la justicia: en primer lugar, escuchando a las víctimas, como ocurre este día con la reunión de madres y padres con el Presidente electo. Alejandro Encinas, quien en la nueva administración se hará cargo de temas tan delicados como Ayotzinapa, tiene un prestigio ganado a pulso, una trayectoria limpia y conocimiento en materia de derechos humanos.
“La noche de Iguala desnudó la imbricación entre el poder político y el delincuencial”
“El nuevo gobierno (de López Obrador) tendrá que afrontar esta dolorosa herencia”