JACQUELINE PESCHARD
IMPUNIDAD EN EL CIERRE
“La sentencia a Javier Duarte es una burla y una suerte de exoneración al exgobernador que se convirtió en el ícono de la corrupción”
La irrisoria y ofensiva sentencia del juez federal al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, junto con la liberación de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, y la de los 8 integrantes de Guerreros Unidos, acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son una muestra de cómo el gobierno actual ha decidido cerrar su administración con el sello de la impunidad. En el marco del desplome de la confianza en el gobierno y de la flagrante derrota electoral de su partido, el presidente Peña Nieto ha preferido contribuir a desfondar la muy escasa credibilidad técnica y política de la PGR como autoridad encargada de procurar justicia en el país. El mensaje es claro: urge cumplir el mandato constitucional de crear la Fiscalía General autónoma. La sentencia que impuso, una multa de $58 mil pesos y 9 años de prisión, a Javier Duarte es una burla y una suerte de exoneración al exgobernador que se convirtió en el ícono de la corrupción de los gobiernos locales durante el sexenio actual. Es, además, el caso más estudiado sobre la compleja red de complicidades entre funcionarios y grupos de profesionales que colaboraron para ocultar los grandes desvíos de recursos públicos del Estado para beneficiar a unos cuantos allegados a Duarte. El peculado, calculado en miles de millones de pesos, está lejos de poder ser restituido al erario de Veracruz a través de las 41 propiedades que la PGR aseguró a Duarte y que ascienden a $791 millones de pesos. La salida de la cárcel de Alejandro Gutiérrez, acusado de desviar 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para apoyar la campaña política del PRI, evidencia cómo la PGR ha salido en defensa de funcionarios del partido aún gobernante para lograr resoluciones favorables a sus protegidos de parte de los jueces. Primero, al lograr que un colegiado dictara que un juez federal llevara el proceso judicial que se seguía en el estado norteño y que lo tuvo en prisión 9 meses, para ahora dejarlo sólo con la restricción legal de no salir del estado, cuando sabemos que estas medidas cautelares suelen abrir la puerta para la fuga de los presuntos culpables, tal como sucedió en el mismo de Javier Duarte.
La liberación de los 8 integrantes del cártel de Guerreros Unidos, culpados de intervenir la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, bajo el argumento de que sus declaraciones muestran indicios de tortura, por lo cual carecen de valor probatorio, es una prueba más de la ineptitud, pero también de la intencionalidad de la PGR de echar un manto de impunidad sobre este caso tan sensible de desaparición forzada.
Mucho se ha insistido en que la explicación de estas sentencias está en los resquicios legales del nuevo sistema de justicia penal, tales como que delitos de corrupción no sean considerados graves, o que las confesiones de los inculpados, obtenidas a través de mecanismos de tortura, no alcancen el rango de pruebas probatorias. Sin embargo, si las indagatorias están deficientemente construidas por el Ministerio Público, si no se siguen rigurosamente los protocolos en el desahogo de las pruebas y si no se despejan las dudas de connivencia entre jueces y la PGR, difícilmente podremos aspirar a que se haga una justicia que esté a la altura del agravio que causan a la sociedad mexicana estos casos de deficiencias en las capacidades para desarrollar bien los procesos penales.
El momento de cierre de la actual administración de Peña Nieto era una buena oportunidad para mostrar que existe cierta dignidad pública y una mínima dosis de sensibilidad frente a los reclamos de justicia de una sociedad tan maltratada como la mexicana. Optar por aceitar los resortes de la complicidad entre quienes tienen diversas competencias para investigar y perseguir el delito como legado de una gestión, habla de que la consideración que privó fue que ante lo poco que tienen que perder, más valía volver a apostar a la impunidad.
“La salida de Gutiérrez... evidencia cómo la PGR ha salido en defensa de funcionarios del partido aún gobernante”