Cuestión de amigos
Las dependencias y entidades de la Federación están obligadas, por mandato de la Constitución, a que las contrataciones públicas por regla general se realicen vía licitación pública. En telecomunicaciones, esto es letra muerta.
De acuerdo con la información del sitio web de la Secretaría de la Función Pública, CompraNet, de enero de 2016 a agosto de 2018, se han realizado 2,837 procesos de contratación pública para las categorías relacionadas con los servicios de telecomunicaciones. De ese total, solamente se han llevado a cabo licitaciones en el 28 por ciento de los casos, es decir, en siete de cada diez contrataciones las dependencias y entidades llevan a cabo adjudicaciones directas.
El 80 por ciento de los contratos fueron asignados a dos operadores de telecomunicaciones o empresas filiales de ellos. Llama la atención que una universidad pública (la Autónoma de Nuevo León) es utilizada como proveedor de servicios de telecomunicaciones (tal cual) para adjudicar directamente un contrato cuya cuantía es mayor, de 780 millones de pesos. Hasta donde se aprecia en CompraNet, no siempre es claro cuando la dependencia o entidad convocante ha modificado con posterioridad el monto o plazo del contrato. En otros casos, el objeto del contrato es “licencias del software”, pero se incluyen servicios de telecomunicaciones, cuyo monto, a veces, supera al de los otros servicios. Por supuesto, lo más grave, insistimos, es que las dependencias y entidades tranquilamente no efectúen licitaciones públicas, con todo lo que ello encierra. ¿A alguien le interesa el artículo 134 constitucional y la Ley Federal de Adquisiciones? Hay un evidente abuso de la figura de la “excepción a la licitación pú- blica” prevista en el artículo 41 de la Ley, lo que prohíja la opacidad y probablemente el gasto excesivo en esta materia.
En un detallado y revelador estudio publicado apenas en julio de este año, la Comisión Federal de Competencia Económica hizo ver que el 78 por ciento de todas las compras del gobierno federal se realizan a través de adjudicaciones directas. Es un dato vergonzoso, flagrante violación del espíritu del mandato constitucional.
¿Qué se ha hecho para que esto no suceda? Nada se sabe, absolutamente nada. La corrupción empieza cuando hay un exceso de tolerancia, por decir lo menos. Es evidente que en México la burocracia ya se acostumbró a no licitar, sin consecuencias. Son los nuevos usos y costumbres.
Volviendo a las telecomunicaciones, se argumenta falsamente que los servicios son de tal complejidad que resulta imposible su licitación. Incluso, estos pillastres apoyan su argumento alegando que ello se hace aún más complejo al adicionarse a los componentes estrictamente de telecomunicaciones (voz, datos y/o video) otro tipo de requerimientos, como la instalación de equipos, cableados, o servicios de conmutador. Argumentos que no pasan la prueba de la risa, como bien lo saben ellos. ¿Por qué no abrir los concursos a la libre participación de los operadores? Ya se sabe: porque en la oscuridad se pueden hacer cosas con gran comodidad y soltura. Para colmo, en las escasas licitaciones, es común que los operadores se lamenten que los requisitos o criterios del concurso estén diseñados de tal forma que el contrato solamente pueda ser ganado por un participante.
El Presidente electo López Obrador ha ofrecido acabar con la corrupción y para tal fin, entre otras acciones, contempla concentrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el universo de las compras gubernamentales federales. Tarea titánica, ¡mucho éxito!
Si el nuevo gobierno, para empezar, no incrementa sustancialmente el número de licitaciones públicas así como los montos ejercidos en ellas, nada habrá cambiado. La unidad de medida es muy sencilla y evidente, la que ordena la Constitución (por si fuera poco).
Ya nos podemos imaginar los argumentos tramposos que se esgrimirán ante los futuros funcionarios para convencerlos de que los servicios de telecomunicaciones son “complejísimos” y solamente pueden contratarse vía adjudicación directa. No tengan duda, será una vulgar engañifa.
Abogado especialista en telecomunicaciones