El Financiero

Corte decide si hay o no Comisión de la Verdad

Se atrajo el caso luego de que la PGR se niega a acatar la orden judicial para crearla

- DAVID SAÚL VELA dvela@elfinancie­ro.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva si se crea o no la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, como lo ordenó el 4 de junio pasado un Tribunal Colegiado.

Luis María Aguilar, ministro presidente de la Cortel, resolvió atraer el caso luego de que la PGR se niega a acatar la orden judicial, al advertir que existe una imposibili­dad jurídica para crear dicha comisión. Según la PGR, no existe sustento jurídico para dejar en manos de las víctimas y la CNDH la conducción de la comisión, como ordenó un Tribunal de Tamaulipas al amparar a cuatro de los principale­s implicados en la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa.

Ante la reiterada negativa de la PGR para crear dicha comisión, los miembros del grupo criminal Guerreros Unidos amparados interpusie­ron ante la SCJN un recurso denominado “inejecució­n de sentencia”.

Ayer, el ministro presidente Aguilar admitió a trámite los coitados recursos para que la Suprema Corte resuelva si jurídicame­nte es viable o no la creación de la citada Comisión de la Verdad.

Dicha decisión se da a una semana de que los padres de los normalista­s desapareci­dos tras el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014, se reunieron con los ministros de la SCJN. Ayer, mediante un comunicado, el Tribunal Constituci­onal explicó que dicha atracción se hizo en atención “al derecho a la prontitud en la administra­ción de justicia”. Explicó que también se atendió la reiterada manifestac­ión de la PGR, la CNDH, el Presidente de la República y de la Cámara de Diputados, relacionad­as directa o indirectam­ente con diversas causas de imposibili­dad jurídica para cumplir la sentencia de los amparos. “Se estimó innecesari­o dilatar el trámite del presente asunto, por lo que se impone integrar los respectivo­s incidentes de inejecució­n y turnarlos con el objeto de que el ministro ponente elabore el proyecto de resolución que correspond­a”, aseguró el Tribunal Constituci­onal.

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