MARTÍ BATRES
DESPERTADOR
Uno de los grandes reclamos históricos del pueblo mexicano hacia sus gobernantes ha sido el derroche y el desplante de privilegios económicos.
El reclamo ha provenido también del sector productivo, que mira cómo se tiran recursos que podrían servir para la inversión productiva.
Esa lamentable realidad ha tenido como respuesta el programa de austeridad republicana. Este es un concepto que significa ahorrar recursos en la cúspide del Estado, disminuir el gasto arriba para aumentarlo abajo. Recortar el costo económico del poder político para aumentar el gasto social y el gasto productivo. Siendo una promesa de campaña, apenas inició actividades la nueva Legislatura comenzó a aplicarse el plan de austeridad. En lo propiamente legislativo, la Cámara de Diputados aprobó una ley reglamentaria del Artículo 127 constitucional que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República. Dicha legislación es conocida como Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En un terreno propiamente práctico, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad del pleno y con el voto de todas sus bancadas un plan de medidas muy concretas de austeridad.
Entre ellas se encuentran las siguientes: Eliminación del bono de bienvenida para los senadores de casi 400 mil pesos al inicio de la Legislatura. Cancelación de los seguros de gastos médicos mayores y de los seguros de retiro individualizado, ambos con cargo al erario. Erradicación del complemento de aguinaldo, que agregaba otros 40 días de sueldo a los 40 días de ley, con lo que sumaban 80 días de sueldo al final de año. Eliminación de los llamados Estímulos por Evaluación, que no son otra cosa que los bonos. Desaparición de la peluquería y del salón de belleza, para senadores y senadoras.
Retiro de los vehículos asignados a senadores. Cancelación de guardaespaldas y escoltas asignados a senadores.
En el Senado también se redujeron los presupuestos de los Grupos Parlamentarios en un 50%. Y el número de comisiones legislativas ordinarias se disminuyó de 64 a 44, con el ahorro administrativo que esto implica. Asimismo, se anunció una reducción en los viajes al extranjero. Hasta ahora, sólo se ha aprobado la participación en un evento parlamentario internacional. Se cancelaron los vales de gasolina y de despensa para senadores. Los primeros sólo se utilizarán para los vehículos de carga y servicios de la institución. Y los segundos sólo serán para los trabajadores de base. Tampoco hay partidas para comidas de los legisladores. También se redujeron ingresos de los altos mandos del personal administrativo del Senado en un 30 por ciento.
Así, el presupuesto del Senado podrá ser recortado en 1,500 millones de pesos.
Medidas parecidas comienzan a anunciarse en otros órganos legislativos y gobiernos.
En la Cámara de Diputados, en el Congreso Local de la Ciudad de México, en el gobierno de Yucatán, en alcaldías de la capital, en el Poder Judicial de la Federación, en órganos electorales y en numerosos espacios de poder público comienzan a debatirse, con mayor o menor profundidad, medidas de austeridad. Faltan aún las rigurosas medidas que se aplicarán desde el nuevo gobierno federal. Y falta todavía el debate sobre la Ley de Austeridad de Estado.
Poco a poco comienza a instalarse otra idea, otra concepción sobre el gasto del dinero público. Como hemos dicho, hay mucha tela de donde cortar.