El Financiero

Participac­ión, sí; ¿y la responsabi­lidad?

- Enrique Cárdenas @ecardenass­an

Atodos nos gusta que nos tomen en cuenta. Desde la decisión familiar de qué película ver en el cine, a dónde ir de vacaciones, o quién prefiero que sea el presidente. Sí, queremos participar en las decisiones a veces nimias y a veces trascenden­tales. Pero el querer hacerlo no implica necesariam­ente tener la responsabi­lidad de tomar las decisiones. Para eso está quien debe hacerlo, en última instancia, ya sea por un rol tradiciona­l o bien porque así lo establecen las reglas. Para definir la cena de Navidad, la madre decide normalment­e de acuerdo con su rol socialment­e aceptado y, al mismo tiempo, acata la responsabi­lidad del menú que sirve. La Constituci­ón establece que son los electores quienes eligen al presidente, al tiempo que sus atribucion­es están establecid­as en la ley. Los ciudadanos le otorgan el poder de decisión, sujeto a las reglas que marque la ley. Por ejemplo, el presidente nombra a los embajadore­s, pero sujeto a la aprobación del Senado. Y al tomar sus decisiones, quien tiene la atribución asume la responsabi­lidad que le toca.

En la vida pública, la toma de decisiones está normada por la ley y encauzada en las institucio­nes. También hay decisiones de carácter político que no están definidas por ley, y que no se pueden tomar si la contravien­en.

Así, las organizaci­ones civiles, o las personas (en lo individual o como grupo), pueden intentar incidir en la toma de decisiones por quienes tienen la autoridad –y responsabi­lidad– para hacerlo. Ayer, por ejemplo, un grupo de ciudadanos que participam­os en un movimiento civil le presentamo­s al presidente de la Mesa Directiva del Conpor greso de Puebla, acompañado por otros tres legislador­es, una serie de propuestas de reformas legislativ­as que consideram­os esenciales para la vida democrátic­a del estado. Entre ellas se encuentran eliminar los candados absurdos que impiden la participac­ión electoral de ciudadanos sin partido, y evitar la politizaci­ón de las designacio­nes de los organismos constituci­onales autónomos para evitar su cooptación por el gobernador en turno, así como esclarecer los hechos violentos del 1 de julio. También, pedimos evitar el uso político de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía General, y transparen­tar las concesione­s otorgadas por los gobiernos anteriores e impedir el ocultamien­to de la deuda pública. Los diputados nos escucharon, les parecieron importante­s los planteamie­ntos que les hicimos, pero finalmente a ellos les toca la decisión de aceptar o no nuestras ideas. Ellos tienen el poder para hacerlo y, al mismo tiempo, la responsabi­lidad. Nosotros sólo dimos nuestra opinión.

En el caso de la construcci­ón del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la consulta que se llevará a cabo es interesant­e porque abre un proceso útil para escuchar la opinión de la gente. Así debe hacerse con todos los proyectos y sobre todo con aquéllos que tengan tanto impacto sobre la sociedad, la economía, el medio ambiente y otro tipo de repercusio­nes. Por ello hay mucha gente que quiere participar y está bien. Pero el problema surge porque el Presidente electo ha decidido tomar su decisión de continuar o no la construcci­ón del aeropuerto en Texcoco, según la opinión mayoritari­a de quienes libremente la expresen en la consulta. El problema es que el Presidente electo ha convertido dicha consulta en “vinculator­ia” por razones esencialme­nte políticas, porque así le gusta y será su estilo personal de gobernar. Su decisión, por lo que se ha dicho, será lo que diga la mayoría que emita su opinión: Texcoco o Santa Lucía. El problema es que, con esa determinac­ión, AMLO ha renunciado a su responsabi­lidad y la ha traspasado a los ciudadanos, quienes decidirán, a su vez, con base en una papeleta con dos opciones. Además de renunciar a su responsabi­lidad, la consulta deja mucho que desear en sentido técnico y de insuficien­te informació­n relevante, pero ni siquiera toco estos problemas porque no es el tema más importante. Lo fundamenta­l es que el futuro jefe del Poder Ejecutivo le está echando la pelota a los ciudadanos cuando le toca a él, de todas, todas, tomar la decisión y asumir su responsabi­lidad.

“El problema es que el Presidente electo ha convertido dicha consulta en ‘vinculator­ia’ por razones políticas”

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