El acecho a los periodistas
En este país la impunidad es de tal tamaño que los poderosos usan la ley no para castigar delitos y mantenernos seguros, sino como una forma de amedrentar y atentar contra la libertad de expresión.
¿De qué estoy hablando? Hace unas semanas se hizo público el fallo de un juez de Ecatepec en contra del periodista Humberto Padgett, a quien encontró culpable de ‘daño moral’.
“Ya no soy periodista, sino criminal según un juez del @ Edomex y del ex gobernador @ eruviel_avila. La sentencia se emite en @Ecatepec, donde se asesinan mujeres y niñas, pero nada pasa, excepto que el delincuente soy yo”, escribió el periodista en su Twitter el 26 de octubre para dar a conocer el fallo que le implica el pago de un monto aún no determinado, pero que en la demanda Ávila Villegas pretendía que fuera de 10 millones de pesos.
Al puro estilo de quienes han demandado por el mismo ¿crimen? a Pedro Ferriz de Con y a Sergio Aguayo. ¿Qué pasa en una sociedad que no acompaña a los periodistas cuando son atacados por funcionarios públicos? ¿Qué pasa con un país donde los que nos gobiernan representan la mayor amenaza para la prensa? Los casos documentados en la última década por organizaciones como Artículo 19, indican que las agresiones que vienen de funcionarios públicos son hasta 7 de cada 10. Más aún que amenazas del crimen organizado.
En su columna de ayer en el diario Reforma, el periodista Sergio Aguayo, quien ha sido perseguido judicialmente por Humberto Moreira, explicaba bien cuál ha sido el papel de esta discusión en el ámbito de lo público: “En México han crecido los choques entre tres derechos: la libertad de expresión, el honor y la información. Una consecuencia perversa es la “moda” de utilizar tribunales para presentar demandas desproporcionadas que buscan intimidar y desgastar a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Proteger a periodistas importa porque, como argumenta Benjamin Smith en su más reciente
libro (The Mexican Press and Civil
Society), los periodistas han sustituido a la lglesia y a los maestros como intermediarios entre sociedad y Estado. Una función similar juegan los Organismos de la Sociedad Civil de derechos humanos. Ese papel explicaría la ferocidad del acoso contra periodistas y defensores”. La impunidad de estos ataques es tal que ahora los políticos no dudan en llevarla a la esfera pública. El caso de Padgett, quien desde hace años documenta el horror en el que se convirtió el Edomex, resulta vergonzoso para un Estado que usa instrumentos jurídicos para poner una mordaza. Ese exgobernador y hoy senador indignado por daño moral, que no se ha disculpado públicamente por el desastre en materia de seguridad en el que dejó a millones de mexiquenses, ni por el incremento de feminicidios o el control que obtuvo en ese territorio grupos del crimen organizado.
Pero Eruviel Ávila no es el único que ha montado en la indignación un ataque a los periodistas. Esta semana vimos a Manuel Clouthier, uno de los accionistas del Noroeste, uno de los medios con mayor credibilidad en Sinaloa, arremeter vía redes sociales contra el reportero de este diario Ernesto Gutiérrez. El periodista exponía con justa razón la situación financiera de su medio, que tiene a decenas de trabajadores sin los pagos correspondientes por su trabajo. Ante la exigencia de lo que es su legítimo derecho, Gutiérrez fue tildado por el excandidato a senador de “llorón” y “acomplejado”. Y no sólo se conformó con ello, sino que además intentó justificar la lucha por la democracia que el medio hace con su periodismo independiente como un argumento suficiente para que quien vive de esa profesión vea en la violación a sus derechos mínimos una lucha social. ¿En serio?
Las malas condiciones laborales en que se tiene a los periodistas en este país es también un ataque a la libertad de expresión y un atentado contra su vocación democrática. ¿Hasta cuándo vamos a entender que la defensa por esta violencia no es la defensa de un periodista, sino de la posibilidad de que quienes no tienen voz siempre tengan garantizado el hacerse oír?
“¿Qué pasa con un país donde los que nos gobiernan representan la mayor amenaza para la prensa?”