El costo de una inexplicable necedad
El martes 30 de octubre pasado veo en la prensa una foto donde, en una larga mesa, están los representantes del sector empresarial. Todos tienen una cara larga, la boca fruncida y los ojos desafiantes. Ahí están los pesos pesados Enrique Guillén, Manuel Escobedo, Marcos Martínez, José Manuel López, Juan Pablo Castañón, Gustavo de Hoyos, Alejandro Ramírez y Nathan Poplawsky, reunidos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Entrevistados todos lanzan rugidos. Reproduzco sólo a tres de ellos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dice: “Miente quien nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados”. Seguramente pensaba en Romo, quien a todo mundo le decía que el NAIM continuaría. A su vez, Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, apunta a lo que es el derecho: “Los contratos no pueden canjearse o catafixiarse, porque se violaría la ley”. Tiene razón, una obra de esa dimensión debe concursarse, no puede ser por asignación directa. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, va más lejos: “La decisión no da confianza ni certidumbre para generar crecimiento y empleo”. Están furiosos y con la espada desenvainada; unas horas más tarde, la ciudad se llena de rumores y toda suerte de especies surca el aire. En Internet se puede leer que tras la cancelación, el banco de inversión Morgan Stanley bajó su recomendación para invertir en México, y la agencia Moody’s redujo la calificación de bonos.
Es muy cierto, en cualquier obra pública entre más grande sea aumenta más la percepción de que hay corruptelas. Pero López Obrador nunca ha mencionado quiénes son los funcionarios y los empresarios corruptos; tampoco ha dicho cómo se les castigará y mucho menos ha probado cuáles han sido los delitos encontrados. Nada. Sin embargo, armó una triquiñuela a modo para justificar que el pueblo ha manifestado rechazo a esa obra, y por lo tanto debe ser detenida y condenada a ser la más moderna de las ruinas del mundo. Y el mundo opina y cuestiona. Sólo como ejemplo reproduzco el dicho del Financial Times: La decisión será recordada en la historia económica como una de las peores estupideces de un presidente.
Lo vemos sin creerlo, una obra que está al 32%, autofinanciable, será enterrada para que sus varillas de acero, su cemento enriquecido y su proyecto sea el paradigma de un gobierno que comenzará sus labores con una carga costosísima. A vuelo de pájaro, hagamos un recuento de la necedad: el aeropuerto quería ser el trampolín hacia 470 mil empleos cuando tuviera su máxima capacidad, el resorte para multiplicar turismo, carga de productos y disparador de servicios; dar una imagen internacional como lo son el Kennedy en NY, el Arlanda en Copenhague o el De Gaulle en París. Ese aeropuerto iba a costar 13 mil millones de dólares, de los que ya se habían financiado 9 mil y los faltantes bien podían obtenerse por concesión a particulares. Desperdiciar lo invertido significa 160 mil millones de pesos, a lo que hay que añadir la pérdida en la Bolsa, en sólo 48 horas, por 17 mil 512 millones de dólares. No es todo, por concepto de cancelación de contratos, pagó de bonos y rendimientos, así como compensaciones, se calcula serán otros 120 mil millones de pesos.
Los pagos por la deuda se incrementarán, y en voz de Enrique Quintana, el ya de suyo pago faraónico de mil 986 millones de pesos diarios por concepto de intereses, debido a la desconfianza, puede aumentar más. La comida en La Alcachofa, de Polanco, ha controlado a los empresarios, quienes se han tragado el cuento de que los mismos volúmenes de construcción los harán en Santa Lucía, donde no hay nada preparado. Ni vialidades ni proyecto alguno, sólo 3 mil familias de militares expectantes y preocupadas por su destino, al igual que cerca de 40 mil trabajadores que aún laboran en Texcoco.
Sin licitar el aeropuerto, que dejará de ser militar y será dado a los empresarios supuestamente corruptos, lo que se conseguirá será un escenario de franca impunidad, que servirá de ejemplo para anunciar los alcances de una nueva administración que combate la corrupción cobijándola.
Raul Cremoux
“AMLO nunca ha mencionado quiénes son los funcionarios y los empresarios corruptos”
“Una obra de esa dimensión debe concursarse, no puede ser por asignación directa”