Los virreyes, en entredicho
Mientras que AMLO se alista a recibir la banda presidencial el 1 de diciembre, también en las entidades federativas se preparan para ajustarse a los nuevos tiempos que se avecinan con los nombramientos de los coordinadores estatales, que no son otra cosa que virreyes con el poder tras el trono, ya que, en aras de la transparencia, manejarán los recursos de la política asistencialista del nuevo gobierno.
La mayoría de los gobernadores, sin distingo partidista, han cerrado filas en torno al próximo Presidente de la República con buena fe y de cara a los retos que se avecinan en el próximo sexenio; sin embargo, no tendrán los suficientes recursos presupuestales para solventar los programas de gobierno, si acaso sólo estarán cubiertos en su gasto corriente y en algunos rubros de infraestructura, educación y programas sociales; los recursos federales estarán etiquetados y manejados al limón con los coordinadores estatales.
La estructura paralela a la de los gobernadores, que se anunció para operar en el país, consta de 32 coordinadores, 264 delegados regionales, todos ellos coordinados por Gabriel García Hernández. El plan busca descentralizar las secretarías de Estado, cambiar las sedes de la CDMX hacia algunas entidades, así como prescindir de los delegados de las dependencias del gobierno federal y consolidar a los coordinadores estatales, quienes además de ser los enlaces con la Presidencia, vigilarán la aplicación de los programas sociales federales en los estados, revisarán el uso de los recursos públicos federales en las entidades; es decir, la contraloría política de los titulares del Poder Ejecutivo estatal.
Ante ello, la reacción de los gobernadores va en varios sentidos. Unos, de plano están en contra de la violación de la autonomía de los órdenes de gobierno y del mandato popular expresado en la urnas, con el cual los eligieron; otros, más políticos, van a caminar institucionalmente con el nuevo gobierno, incorporando a los coordinadores estatales a los trabajos de la entidad y con ello mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Con esta premisa trabajará, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que ha declarado que son bienvenidas todas las iniciativas que impacten positivamente en la gente, y si se considera que con los coordinadores estatales se puede maximizar el gasto, evitar duplicidades, abatir la pobreza y la marginación, e impactar en la disminución de los índices delictivos, pues se demostrará que fue acertada la decisión.
Lo relevante es que, efectivamente sean los sectores más vulnerables los beneficiados por estas medidas. Con el paso del tiempo se verá si la construcción de esa nueva estructura estatal sirvió para este objetivo, o si de plano sólo se hizo para establecer una estructura partidista y de control político-electoral con miras a las elecciones intermedias, de gobernadores y, por supuesto, la presidencial. Si consideramos que el gobernador de cada entidad no va tener injerencia operativa en ciertas partidas presupuestales federales, pues será definitivamente contraproducente, ya que de facto quedarían anulados como titulares del Poder Ejecutivo, amén de que política y socialmente serían desplazados por esos virreyes.
El galimatías que diseñó Andrés Manuel López Obrador para establecer una estructura paralela de poder en las 32 entidades, conlleva peligros de gobernabilidad y de operatividad que repercutirán definitivamente en la población. Hasta ahora, la Conferencia Nacional de Gobernadores ha mostrado disposición para con la nueva figura administrativa; sin embargo, algunos de sus integrantes, como Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León, o Enrique Alfaro, de Jalisco, han expresado su rechazo a esa medida que viola a todas luces su autonomía y atenta contra el federalismo.