PRESIDENCIA RECHAZA ACUSACIÓN DE ABOGADO DE EL CHAPO.

Los mexicanos en edad y condiciones de trabajar (es decir, económicamente activos), deben sumar cerca de 70 millones de personas. Alrededor de 16 millones viven en Estados Unidos, producen allá y envían a sus familias poco más de 30 mil millones de dólares al año. De los 54 millones restantes, cerca de 30 millones viven en la informalidad y los otros 24 son formales. Esos 30 millones en la informalidad tienen un ingreso promedio mensual que ronda los 5 mil pesos, no pagan impuestos ni tienen seguridad social. Muy posiblemente cuentan con servicios de salud a través de algún familiar que está en la formalidad, y si no, dependen del Seguro Popular. Pocos de ellos tienen cuentas bancarias. Por lo mismo, la recaudación, el ahorro y las pensiones en México están en niveles extraordinariamente bajos. Esto significa que no existe un mecanismo de circulación de capital en el país. No hay ahorro público ni privado ni social en cantidad suficiente. Sin ahorro, no hay fondos prestables para inversión, de forma que quien requiere recursos los tiene que pagar caros. Si se le suma a eso la ausencia de estado de derecho, es decir, la casi imposibilidad de lograr que los contratos se cumplan, se entenderá por qué la tasa de ganancia en un negocio en México debe ser elevadísima, en comparación con economías similares. Históricamente, el sistema financiero mexicano ha sido deplorable, sin importar su propiedad. Extranjeros en su fundación, nacionales en el priismo, luego estatizados, otra vez nacionales y otra vez extranjeros. Y seguimos teniendo un ahorro bancario, en comparación con el tamaño de la economía, de los más bajos del mundo. Buena parte del problema, insisto, es la dificultad en hacer cumplir contratos. Prestar ha sido casi sinónimo de perder. Apenas en 2001 se logró que los créditos hipotecarios fueran confiables, y la reducción en las tasas ha sido muy importante. En 2013 hubo avances con la reforma financiera, y desde entonces tanto el diferencial de tasas como las comisiones se han reducido significativamente. Tanto, que ya no eran tema de discusión pública hasta el jueves pasado.

Los bancos en México han dependido, para sobrevivir, de prestarle al gobierno y cobrar comisiones a sus ahorradores. Al hacerlo, ni han servido para el financiamiento del desarrollo ni se han ganado apoyo popular. Pero cambiar eso no depende de prohibir o regular comisiones, sino de hacer rentable el servicio básico que debe prestar un banco: captar para prestar. Se han publicado cifras de cómo en México las comisiones representan el doble, en términos de utilidades, comparado con otros países. Esto lo que significa es que su objetivo original, prestar, representa en México mucho menos que en otros países. Y prestan menos los bancos porque hay un mercado mucho menor (por la informalidad), que además es menos confiable (por la ausencia de estado de derecho). Como toda la economía mexicana, en el sistema financiero la competencia es muy reciente. No olvidemos que la Comisión de Competencia Económica apenas se creó en 1992, como resultado del TLCAN. No había competencia porque el capitalismo de compadrazgo lo impedía. Los socios económicos de los políticos necesitaban un mercado concentrado. En 25 años, la competencia ha crecido: en autos, supermercados, y también en telecomunicaciones y servicios financieros, especialmente desde 2013. Por eso los precios han bajado, como puede usted comprobar con lo que paga de celular o el crédito hipotecario. La aprobación, hace sólo semanas, de la ley FinTech, tendrá un gran impacto en servicios financieros. Pero no se trata de resolver problemas, sino de encontrar enemigos. De convencerlo a usted de que esto es “nosotros contra ellos”. Así es como se concentra poder, y de eso se trata.