...Y magistrado de la propuesta niega presión del gobierno

Afirma que la elección de Puebla es similar a la de Monterrey, la cual fue anulada

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, rechazó que su propuesta para anular la elección de Puebla haya sido por presiones del gobierno de López Obrador.

Luego de que el domingo por la noche hizo público el proyecto de resolución de las impugnaciones sobre los comicios del pasado 1 de julio en Puebla, puntualizó que la intención de difundir su determi- nación es precisamente evitar cualquier tipo de presión e injerencia. “Ni siquiera fuimos convocados a la toma de protesta, entonces usted dígame dónde va a estar la presión; es decir, no hay tal cosa, yo no he tenido mayor vínculo con los nuevos actores del gobierno, hemos recibido en una ocasión a la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue a visitarnos a la Sala Superior en una plática totalmente abierta y en su rol de ese entonces, de futura secretaria de Gobernación, y más allá no hemos tenido mayor contacto, así que es una decisión que yo tomo con absoluta convicción del caso y a veces les toca a unos ganar, a otros perder”, puntualizó. Vargas comentó que incluso hay varias similitudes en la elección de Puebla con la de Monterrey, Nuevo León, que fue anulada: “Es un problema en la cadena de custodia, la autoridad electoral fue omisa en torno al cuidado de las actas y los paquetes, encontramos evidencia donde no estuvieron resguardados, donde no fueron convocados los partidos, más de 50 ocasiones que se abrió la bodega, donde no contaron con las medidas de seguridad, y entonces cuando nosotros ordenamos el recuento hace unas semanas, eso básicamente ya había ocurrido. No hubo ese deber de cuidado y básicamente eso afecta la certeza del proceso desde mi punto de vista, y es por eso que estoy proponiendo la anulación”.

Explicó que de ser aprobado su proyecto, la elección se realizaría en 60 días a partir de la notificación, a principios de febrero, y le correspondería al INE su organización, porque se plantea la remoción de los consejeros locales, aunque el financiamiento correría a cargo del gobierno estatal.

“Es un problema en la cadena de custodia, la autoridad electoral fue omisa en torno al cuidado de las actas” JOSÉ LUIS VARGAS Magistrado del TEPJF