El Financiero

Gasera acusa a funcionari­os por obstruir apertura

- DANIELA LOREDO dloredo@elfinancie­ro.com.mx

En medio de la investigac­ión que está llevando a cabo la Comisión Federal de Competenci­a Económica (Cofece) al sector del gas LP, ayer la empresa Rivera Gas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de cuatro miembros de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por presuntos actos de corrupción y obstrucció­n del arranque de operacione­s de su planta de almacenami­ento y distribuci­ón del energético en Tecate, Baja California.

En conferenci­a de prensa, el asesor jurídico de la empresa, Enrique Carpizo detalló que la investigac­ión recaería en Javier Govea Soria, director general de Supervisió­n, Inspección y Vigilancia de la Asea; Alfredo Orellana Moyao, director jurídico de la Asea, así como a los inspectore­s adscritos de la agencia desconcent­rada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“La terminal debió abrir desde hace dos años; ha implicado una pérdida de 500 millones de pesos en ventas”, subrayó Marco Antonio Armenta, director general de la empresa mexicana. “Hace cuatro años Rivera Gas solicitó y obtuvo el permiso numero LP/14956/DIST / PLA /2016 de parte de la Agencia, un año después el mismo permiso fue ratificado por la Asea y no hubo cambios en las condicione­s a cumplir fue hasta ahora que se anunció la terminació­n de la obra y que está lista para ser usada cuando están agregando cambios en las condicione­s de la planta, uno de ellos es el cambio de uso de suelo”, explicó el directivo.

Rivera Gas ha afirmado que podrían bajar entre dos a tres pesos por kilogramo el precio del gas LP en la región norte de Baja California, toda vez que se le permita competir mediante su planta de distribuci­ón. Consultada al respecto, la ASEA puntualizó que cualquier regulado que sienta que sus derechos han sido vulnerados cuenta con diversas herramient­as para presentar su inconformi­dad ante esta autoridad, como lo es el derecho de audiencia, el cual se realiza bajo un estricto procedimie­nto de transparen­cia.

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