Claroscuros en el Día Internacional Anticorrupción
Hace poco más de 15 años, en octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y decidió que el 9 de diciembre de cada año sería designado Día Internacional Anticorrupción. Desde entonces en esa fecha, los gobiernos, la sociedad civil y organismos internacionales de muchos países, celebran reuniones para discutir temas relacionados con el combate a la corrupción, generar conciencia sobre su gravedad entre los ciudadanos y hacer un llamado a la sociedad sobre la importancia de prevenirla. En México, el evento de conmemoración del Día Internacional Anticorrupción se realizó ayer, 10 de diciembre, y fue organizado, entre otros, por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ahí se instalaron mesas de discusión temáticas sobre modelos de integridad corporativa, buenas prácticas para el combate a la corrupción en los estados, acceso a la información y participación ciudadana, entre otros temas. Fue un momento que sirvió para reunir a la comunidad de práctica anticorrupción en México, y me honró ser considerado para participar en la Mesa 1, relacionada con el futuro de la política nacional anticorrupción. Uno de los temas que se discutieron en este encuentro fue el hecho afortunado de que México cuenta ya desde hace tiempo con un conjunto de trabajos de investigación académica, estudios realizados por la sociedad civil y otros esfuerzos impulsados desde el gobierno que han ampliado nuestro conocimiento y generado un robusto compendio de literatura sobre la corrupción. También contamos hoy con un número importante de personas que desde hace tiempo se han dedicado a estudiar seriamente el fenómeno de la corrupción, por lo que podemos decir que se ha conformado en México una “masa crítica” muy relevante en ese tema.
La reunión tuvo claroscuros. Por un lado, me dio gusto comprobar que en el trabajo realizado por la SESNA para la integración de la Política Nacional Anticorrupción, se ha privilegiado la elaboración de la propuesta con base en datos recolectados como resultado de una amplia consulta en línea, en ocho foros regionales que contaron con una extensa participación de la sociedad civil, y de discusiones con expertos reunidos en un Consejo Consultivo. Me tranquilizó ver que quienes han encabezado el esfuerzo de elaboración de la política nacional son servidoras y servidores públicos con experiencia en el diseño e implantación de políticas públicas anticorrupción, por lo que tienen un conocimiento amplio y directo sobre qué acciones y políticas no han funcionado. Y digo esto sin atisbo de sorna, pues su experiencia es también la mía, ya que en muchos casos esos servidoras y servidores públicos trabajamos juntos en el pasado y compartimos triunfos y fracasos. Saber qué no ha funcionado es fundamental para poder diseñar una política anticorrupción que tenga mayores oportunidades de éxito, pues con la experiencia y el tiempo afloran en las reflexiones posteriores los motivos del fracaso y también se generan y conciben nuevas ideas que producen mejores propuestas de política. Hasta ahora, el trabajo de integración de la Política Nacional Anticorrupción, que aún no concluye, apunta a que los principales ejes temáticos aborden el combate a la impunidad –para muchos, causa raíz de la corrupción–, acabar con la arbitrariedad en las decisiones del gobierno –tema que está alineado a las conclusiones de la literatura más reciente sobre corrupción, que habla de la necesidad de que el gobierno sea imparcial–, la incidencia de la participación de la sociedad en el combate a la corrupción, y trabajar en políticas que prevengan la corrupción en las interacciones entre gobierno y ciudadanos, principalmente en trámites y servicios.
Sin embargo, no todo en la reunión tuvo un tono de optimismo. El tema central que rondó las intervenciones de los expositores y los comentarios de quienes asistieron a la mesa, tiene que ver con la incapacidad de nuestras instituciones de implantar y operar políticas anticorrupción. Si en el centro de las causas de la corrupción está la impunidad, en el centro de las posibles soluciones se encuentra la gobernanza, la incapacidad institucional de los gobiernos para realizar lo que se proponen. Las políticas anticorrupción de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo muchas veces se traducen a lo largo de los procesos de planeación del desarrollo en programas, objetivos e indicadores que terminan degradándose en el burocratismo y al final no son efectivos. El problema central de las acciones anticorrupción no es cultural ni moral ni de falta de diagnósticos ni de conciliación de distintas visiones teóricas ni tampoco es político; se trata de un problema de fortaleza institucional, de gobernanza. México ha sabido crear una masa crítica respetable de personas y conocimientos sobre políticas anticorrupción. Sin embargo, seguimos arrastrando problemas de gobernanza que no nos permiten aprovechar esa masa crítica en la adecuada implantación políticas que nos permitan avanzar en la solución de este problema.