Las trampas del balance fiscal

De acuerdo con la nueva administración, uno de los principios que se verán reflejados en el proyecto de presupuesto federal para 2019, el cual se presentará esta semana, será el mantenimiento de los “equilibrios macroeconómicos”.

Si bien tal expresión es ambigua, algunas aclaraciones oficiales parecen apuntar hacia un balance fiscal que preserve o incluso disminuya la razón de deuda pública a PIB.

Para ello, se ha mencionado un objetivo de “superávit primario”, es decir, de la diferencia entre los ingresos y los egresos del sector público excluyendo el pago de intereses, cercano a 1.0%.

Como la deuda resulta de la acumulación de déficits totales, la estabilización o reducción de los débitos respecto al producto requiere un balance primario “suficientemente alto”, el cual se eleva, entre otros aspectos, con las mayores tasas de interés y el menor crecimiento económico. Seguramente, el objetivo planteado reflejará los supuestos del ejercicio, cuyo realismo podrá evaluarse detalladamente. La intención de acotar el endeudamiento público ha sido bien recibida por los analistas. Ello parece responder a la percepción de que la razón de pasivos gubernamentales ha alcanzado niveles relativamente altos, por lo que su incremento podría deteriorar las condiciones financieras del país. En particular, ante la multitud de promesas de campaña, ha surgido la duda sobre la capacidad de su financiamiento, lo que podría incrementar las primas de riesgo de México. A su vez, la mayor astringencia financiera podría complicar la política monetaria en cumplimiento del objetivo de la estabilidad de los precios.

Además, dada la historia económica de México, ha regresado el temor sobre un posible financiamiento monetario del déficit. No en balde el nuevo Gobierno ha tenido que reiterar su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, una aclaración que había sido innecesaria anteriormente.

Sin desconocer la relevancia de estas consideraciones, debe señalarse que el excesivo enfoque en el balance fiscal conlleva peligros significativos. Específicamente, más importante que el déficit y la deuda es el gasto público.

En primer lugar, el nivel y composición de las erogaciones gubernamentales y de los impuestos producen efectos en la economía que fácilmente pueden ser contraproducentes. El Gobierno toma recursos del sector privado para destinarlos a rubros cuya justificación suele ser política y no económica, lo que resulta en un desperdicio y una merma de productividad. Aunque existen tareas fundamentales del Estado, como son la impartición de justicia y la seguridad pública, es común que éstas se sacrifiquen a favor de transferencias hacia grupos de interés y proyectos de baja rentabilidad. Asimismo, la estructura del gasto y de los ingresos conlleva con frecuencia desincentivos al trabajo, a la inversión, así como a la apertura de nuevos negocios. El desplazamiento del sector privado y las distorsiones introducidas hacen que no sea lo mismo un presupuesto equilibrado con un gasto público de 30% del PIB que uno con el 10%. Las implicaciones sobre la economía pueden ser diametralmente distintas.

En segundo lugar, en cualquier nación, el incremento de la deuda pública suele estar impulsado por el acrecentamiento continuo de las erogaciones. México no ha sido la excepción. Así, por ejemplo, según datos de la SHCP, de 2000 a 2016, la razón de deuda a PIB aumentó más de 18 puntos porcentuales hasta alcanzar cerca de 50%. Durante ese lapso, el gasto neto se incrementó más de 8 puntos, hasta registrar casi 27%, una expansión muy superior a la de los ingresos presupuestales. En tercer lugar, la tendencia general de los Gobiernos se orienta hacia mayores desembolsos, lo que, entre otros síntomas, se manifiesta en la proclividad de utilizar, tarde o temprano, los remanentes presupuestales. El énfasis en el balance fiscal hace que cualquier exceso de gasto conduzca a un aumento correspondiente de impuestos.

Esa postura suele ser compartida por muchos observadores, quienes se lamentan de que el Gobierno de México tenga un “reducido espacio fiscal”. Ante la tendencia creciente del gasto, invocan un aumento de gravámenes. Desafortunadamente, tal reacción, apelada en términos de “responsabilidad fiscal”, puede repetirse indefinidamente en sucesivos ciclos alcistas de erogaciones.

De ahí que, si la preocupación es la deuda pública, su contención debería empezar con el gasto. Ello permitiría hacer un análisis de su pertinencia, detener las presiones de endeudamiento y evitar la inclinación hacia más impuestos, los cuales tienden a reducir el vigor de la economía.

Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)