Audiencias de pacotilla en San Lázaro
Las audiencias públicas que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados tienen la clara intencionalidad de darle un tinte democrático y de pluralidad al proceso de consulta que sustentará la nueva reforma educativa, que será más a gusto del Presidente de la República que como resultado de las propuestas que emanen de la sociedad, instituciones educativas, agrupaciones sindicales y partidos políticos. De hecho, por ejemplo, a la audiencia pública de mañana, en la que participan especialistas y académicos, sólo están invitando a personajes afines al proyecto político de Morena.
El llamado bloque opositor, conformado por el PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara baja, tiene lista una contrarreforma que contempla la eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio docente, además de la creación del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que sustituiría al INEE, que también será autónomo, no dependerá de agendas políticas y privilegiará los aspectos técnicos por encima de lo político, entre otros aspectos de relevancia.
Para quienes defienden o al menos no están a favor de que la reforma educativa vigente se aniquile en su totalidad, argumentan que si bien es cierto que todas las leyes son perfectibles y susceptibles de actualizarse o ajustarse a una realidad, advierten que en el caso que nos ocupa cualquier proyecto de contrarreforma debe considerar no sólo una evaluación a los integrantes del magisterio, sino que además esta debe vislumbrar los vertiginosos cambios tecnológicos sucedidos en los últimos años, lo que demanda una actualización de la planta docente y en general un replanteamiento de las materias que se imparten en los diferentes rubros de la educación básica y media, principalmente.
Al contrario de la visión anterior, los impulsores del movimiento que alude a una cuarta transformación del país pugnan por la derogación de la referida reforma, porque consideran que esta tiene aspectos punitivos que tuvieron como fin principal la persecución al magisterio y el castigo a los maestros que no comulgaron con el esquema de evaluación docente. En general se retoma el discurso de la existencia de un rezago educativo y de que se busca dar mayor calidad a los servicios del sector; es decir, lograr una reforma profunda y de gran calado. Entre algunos aspectos de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión, destaca la propuesta de desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como devolver plazas a los maestros cesados que se opusieron a una evaluación e iniciar el proceso de liberación de “presos políticos”, varios de estos del sector docente. Es precisamente este contexto el que acompañará a las audien- cias públicas, bajo la coordinación de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara baja, mismas que concluirán a mediados del mes en curso con la idea, como lo señaló la semana pasada el secretario del ramo, Esteban Moctezuma Barragán, de tener el dictamen respectivo en marzo, para que al mes siguiente suba al pleno para su posible aprobación y posteriormente, si se obtiene una votación calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes), su minuta sea enviada al Senado con el mismo fin, proceso que concluiría con el voto favorable de más de la mitad de las legislaturas locales. El periplo legislativo puede ser sólo de trámite, dependiendo de que plural y profundo será el nuevo marco jurídico del sector educativo. Si sólo se trata de impulsar la reforma del Ejecutivo se vislumbran tiempos de tormenta, pues habrá algunos congresos locales en los que podrán mayoritear los legisladores de Morena y aliados, pero en otros no será nada fácil aprobar la reforma.
A la audiencia pública de mañana sólo están invitando a personajes afines a Morena