LUIS CARLOS UGALDE
La semana pasada, el presidente López Obrador anunció una consulta para determinar el futuro de la planta termoeléctrica de la Huexca, ubicada en Cuautla, Morelos. En los últimos años, la construcción del gasoducto para alimentar la operación de la planta ha causado protestas de tipo ambiental. Se han presentado varios amparos. En febrero del año pasado, un juez federal otorgó una suspensión provisional de un ramal del gasoducto; la planta, ya terminada, no ha podido operar por falta de gas.
En la consulta –convocada y organizada por la Secretaría de Gobernación– se preguntará: “¿Está usted de acuerdo que inicie la operación de la termoeléctrica la Huexca de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)?” Según el Presidente, sólo el pueblo decidirá si sigue adelante con la obra; sin embargo, ya se pronunció, pues dijo que “con esta planta se podría producir energía para todo Morelos, y si no tendríamos que comprar la energía a empresas particulares extranjeras”. El problema de la consulta es que lo que está en suspensión es la terminación del gasoducto, no la operación de la termoeléctrica. Imaginemos que gana el “sí”: eso no significa que el juez que otorgó la suspensión deba cambiar su decisión. Que el pueblo quiera una cosa no significa que los jueces deban cambiar sus resoluciones. Ciertamente en los últimos años muchas comunidades han abusado de su poder de protesta y hasta de extorsión para detener muchos proyectos de infraestructura, pero la solución pasa por evaluaciones ambientales y de impacto social, por consultas indígenas cuando sea el caso, por programas de responsabilidad social y por la aplicación de la ley, simple y llanamente.
Otra consulta podrá ocurrir en Baja California para detener la construcción de una planta cervecera de Constellation Brands, en Mexicali –proyecto que ya lleva un avance considerable de construcción. Un grupo de activistas quieren detener el proyecto, cuya inversión es de más de mil millones de dólares. En junio, fecha tentativa para la realización del plebiscito, 700 millones de estos ya habrán sido ejercidos y la construcción estará casi a la mitad. Su celebración está en litigio porque, aunque la figura del plebiscito sí existe en la legislación del estado, no puede aplicarse para proyectos de inversión aprobados y ya en marcha. Si se celebra, sería el próximo 2 de junio, día de la jornada para elegir gobernador del estado.
En noviembre del año pasado, el presidente López Obrador se comprometió a someter a consulta la creación de la Guardia Nacional. La consulta –que se llevaría a cabo el próximo 21 de marzo– preguntaría también si el gobierno debe revisar presuntos delitos de corrupción a expresidentes de la República. Además de no apegarse a la normatividad vigente, no se sabe si dicha consulta sigue en pie, puesto que el tema central –la creación de la Guardia Nacional– se votará en las próximas semanas en el Congreso. ¿Qué caso tendría convocar a una consulta si el Congreso ya está actuando? ¿Para qué pedir la voz del pueblo si se legisla antes de escucharla?
Tanto ruido sobre consultas y más consultas confunde –especialmente al distorsionar el objetivo, alcance y la implementación de dicho instrumento. La de la planta termoeléctrica en Morelos y la del 21 de marzo son consultas políticas, sin asideros jurídicos, que se hacen de forma simbólica para que el pueblo “hable”; con el objetivo de justificar acciones previamente definidas.
El problema es que el gobierno no puede gobernar sin fundamento legal: cuando se hizo la consulta del aeropuerto, en octubre del año pasado, hubo mucha crítica, pero finalmente la consulta no la hacía una autoridad, sino un grupo de voluntarios afiliados a Morena y seguidores del Presidente electo.
Ahora el gobierno federal ha decidido que un proyecto de la CFE seguirá adelante si el pueblo lo decide, cuando su viabilidad depende de que se termine un gasoducto y de que se resuelvan litigios ambientales.
Según la Constitución, las consultas populares sólo pueden llevarse a cabo cada tres años –el mismo día de la jornada electoral federal– y deben ser organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, serán objeto de consultas populares temas de “trascendencia nacional” –que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o que impacten en una parte significativa de la población. Ahora el INE, único facultado para organizar consultas populares, debe reclamar su atribución en la materia y alertar que permitir consultas políticas y simbólicas genera incertidumbre e invade atribuciones conferidas a entes autónomos.
Si el gobierno quiere que las consultas populares fortalezcan nuestra vida democrática, primero debe legislarse, con reglas claras y procesos transparentes. Y luego pedir la voz del pueblo. De otra forma, las consultas serán sólo de papel.
Según la Constitución, las consultas populares sólo pueden llevarse a cabo cada 3 años