DESTITUYE A DOS MAGISTRADOS EN CAMPECHE POR CORRUPCIÓN.
Motivos: “ineptitud, faltar a su declaración patrimonial y obtener beneficios adicionales”
Tras instaurarles procedimientos disciplinarios y administrativos, dos magistrados del único tribunal colegiado que hay en Campeche fueron destituidos al acreditar su participación en actos de corrupción. Se trata del primer cese de juzgadores desde el 3 de enero pasado, día en que el ministro Arturo Zaldívar asumió la presidencia de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El CJF no reveló los nombres de los magistrados destituidos, pero El Financiero confirmó que se trata de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis, quienes, junto con Jesús Ortiz, integraban el tribunal de Campeche.
En el caso de Barredo Villanueva, éste fue nombrado juez en junio de 2003 y cinco años después, en junio
de 2008, lo ascendieron a magistrado de circuito; mientras que Celis Fuentes es juez desde 2001. Se trata de magistrados de amplia trayectoria quienes han resuelto casos importantes como el juicio al profesor Tzotzil Alberto Patishtán, injustamente acusado del homicidio de policías.
La destitución se acordó ayer, en sesión privada del pleno del CJF, al acreditar en los magistrados “noto- ria ineptitud, faltar a su declaración patrimonial y obtener beneficios adicionales”.
En la resolución, relacionada con el procedimiento 32/3017, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que, además de la destitución, ambos magistrados deben cubrir sanciones económicas, cuyo monto no se dio a conocer.
“Lo primordial para el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y
su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es implementar una cultura de integridad judicial”, dijo el órgano judicial en un comunicado. Agregó que la política de ese órgano colegiado es una: “cero tolerancia a actos de corrupción”. Destacó que la destitución de los magistrados es un acto que reafirma el compromiso y la voluntad institucional del Poder Judicial de la Federación de “combatir con rigor conductas deshonestas, fraudulentas o ausentes de ética”. Además, señaló que en este caso “las áreas internas actuaron con absoluto profesionalismo en las investigaciones administrativas, siempre en apego al debido proceso, la presunción de inocencia y conforme a la Constitución”.
Cabe señalar que los magistrados destituidos aún tienen la posibilidad de apelar la resolución en su contra, e incluso, no se descarta que puedan recurrir al juicio de amparo para tratar de lograr su restitución.