DEMOCRACIA EFICAZ

Los órganos autónomos se crearon para despolitizar y profesionalizar la regulación de ciertas actividades o políticas públicas que, por su naturaleza, pueden ser capturadas, manipuladas o sesgadas por razones económicas, de interés político o simplemente de incompetencia. Fue el caso del Banco de México, que había sido usado como “caja chica” por los gobiernos de la llamada docena trágica (1970-1982) para fondearse mediante la emisión de dinero, y con ello generaron inflación y crisis económica que dañó a millones de mexicanos.

También fue el caso en materia electoral: el gobierno organizaba las elecciones y era juez y parte. En 1988, la izquierda acusó fraude que habría maquinado –según el Frente Democrático Nacional– el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid y su secretario de Gobernación. Años después nacía el Instituto Federal Electoral (IFE). También fue el caso de los derechos humanos, del derecho de acceso a la información, de la generación de información estadística, de la protección de víctimas, de la competencia económica y de la regulación del sector energía, por mencionar algunos. Ciertamente los órganos autónomos son una especie de cuarto poder –López Obrador les llama un “gobierno paralelo”. Por supuesto que sería mejor que hubiera menos de ellos. México es uno de los países del mundo con más órganos autónomos: tenemos 12, cuando en la década de 1990 eran apenas tres o cuatro. La multiplicación de las autonomías es proporcional a la incapacidad del propio gobierno mexicano –su Poder Ejecutivo– para cumplir sus funcionas con profesionalismo, imparcialidad y eficacia. También es resultado de una suerte de fetichismo mágico: cada vez que hay algún problema de gobernanza o una demanda de apertura o mejoría del desempeño gubernamental, la ruta ha sido crear un órgano autónomo, como si serlo fuera una llave mágica al profesionalismo y la imparcialidad. No siempre lo ha sido. Los partidos y grupos de interés han estado siempre al acecho de capturar o torcer las decisiones de algunos órganos autónomos, de obtener resoluciones favorables. Lo han hecho también en el Congreso y también de forma directa en dependencias del Poder Ejecutivo y del Judicial. Pero que eso haya ocurrido no significa que debamos prescindir de todos ellos. López Obrador ha emprendido un ataque frontal contra varios órganos autónomos mezclando argumentos de chile y de manteca. Por una parte, acusa dispendio. Por otra, que los autónomos son una suerte de conspiración neoliberal para beneficiar a las élites empresariales. Finalmente, percibo que, siendo un político de acción, le molesta pedir autorización y someter sus acciones de gobierno al escrutinio de reguladores independientes.

Pero el Presidente no ofrece una alternativa de cómo esa agenda regulatoria –de los permisos de gas natural o de licitar espectro radioeléctrico o de combatir monopolios, por ejemplo– podría ser atendida de mejor manera por otras instancias. Por ejemplo, dice que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) defiende los intereses de la iniciativa privada, pero no ha mostrado ninguna evidencia de ello, salvo dichos aislados de presunto conflicto de interés que han sido desmentidos de forma categórica por Guillermo García Alcocer, su presidente. El Presidente parece sugerir que el sector energético funcionaria mejor sin los reguladores –la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Pero las épocas del monopolio absoluto de Pemex, durante el cual la empresa era regulador y operador, generaron una enorme corrupción y dispendio; también se dañó el medio ambiente y muchas asignaciones de permisos o licitaciones no fueron al mejor postor. Ahora se trata de que una parte externa regule a los operadores: tanto los de gobierno como los particulares.

Los principales beneficiarios de la regulación de la CRE son los consumidores. Por ejemplo, lleva a cabo subastas para que la CFE compre energía a particulares siempre al mejor postor: está demostrado que estos producen energía más barata que la CFE, puesto que cuentan con mejor tecnología y mejores esquemas gerenciales. Gracias a la CRE hay más competencia en estaciones de gasolina, algo impensable hace pocos años. ¿Acaso queremos que la Secretaría de Energía o Pemex den permisos de estaciones de gasolina cuando son parte interesada?

Que López Obrador ataque frontalmente a la CRE es destruir un activo del Estado mexicano; es darse un balazo en el pie. El Presidente fue muy elocuente ayer en invitar al sector empresarial a invertir en México para generar empleo y oportunidades para todos. Atacar a la CRE es un contrasentido que genera incertidumbre. La CRE ha sido promotora de un sector energético más moderno, con un piso más parejo para los inversionistas y con mayor transparencia.

Ojalá tengamos menos órganos autónomos en el futuro, pero no por decreto presidencial sino porque el Poder Ejecutivo es tan pulcro, profesional e imparcial que no necesita entes paralelos que lo sustituyan. Pero mientras ese momento llega debemos defender a los órganos autónomos que tenemos (casi a todos).