Incertidumbre en la política económica
La semana pasada comentamos que la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) evidenció las diferencias que existen al interior del gobierno federal en objetivos clave del desarrollo del país como el crecimiento económico, la inseguridad y el combate a la pobreza. No son las únicas. Comparto dos diferencias adicionales entre el Plan y su anexo. En materia de informalidad el Plan plantea que para el 2024 ningún joven estará condenado al desempleo, subempleo o informalidad, mientras que en el anexo se presentan dos metas distintas para el mismo indicador, ambas conservadoras y por tanto contrarias a la propuesta del Plan: en la página 128 se plantea pasar de una tasa de informalidad de 56.58% en 2018 a una de 54.67% en el 2024 y en la página 148 pasar de 56.7% a 55.3% para los mismos años. No tengo problema con los objetivos, disminuir la tasa de informalidad es extremadamente complejo como lo demuestran los resultados del sexenio pasado. Mi observación tiene que ver con que las metas
Profesor Asociado del CIDE del anexo son contradictorias de lo expresado en el Plan. En materia alimentaria en el Plan se plantea que en el 2021 deberá cumplirse la meta de almada canzar la autosuficiencia en maíz y frijol y tres años más tarde, en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevo; mientras que en el anexo se establece que el porcentaje de la producción nacional de maíz blanco y amarillo, frijol, arroz, trigo y leche, en el consumo nacional, pasará de 66.7% a 68.3%, nada que ver lo uno con lo otro. La meta del anexo seguramente proviene de un conocimiento profundo de la realidad de la producción agropecuaria de nuestro país, el problema es la inconsistencia entre lo señalado en el Plan y en el anexo. Independientemente de las diferencias en los objetivos, que seguramente se irán modificando durante el sexenio a medida que se tenga información sobre los resultados de los programas que están siendo implementados por la administración, existen políticas públicas importantes en el ámbito económico donde el Plan y el anexo también dejan dudas. Dos ejemplos pueden ayudar a soportar el argumento.
En materia impositiva el Plan señala expresamente que ‘No habrá incremento de impuestos en términos reales’ y que habrá una reducción del IVA y del ISR en los 76 municipios involucrados en el proyecto del Istmo de Tehuantepec; mientras que el anexo se plantea que ‘después de haber logrado una mayor eficiencia recaudatoria, se buscará mejorar el sistema impositivo para hacerlo más justo y progresivo y que al mismo tiempo permita incrementar la recaudación’, lo que coincide con declaraciones de funcionarios de Hacienda y legisladores de Morena que han hablado de promover una reforma fiscal en el 2021. ¿Cuál premisa es la que hay que tomar en cuenta?.
En materia de energías renovables, el Plan reduce la política pública a ‘la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos millones de habitantes’; mientras que en el anexo se señala que la transición a energías renovables será una constante en el programa energético del país, incluso se plantea el objetivo de pasar 22.5% de la energía generada proveniente de energías limpias a 35% en el 2024, para cumplir con la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. ¿Cuál premisa deben tomar en cuenta las empresas energéticas para su planeación?. La incertidumbre en la política económica interna fue retola semana pasada por Fitch Ratings y Moody’s al castigar la calificación de la deuda soberana de nuestro país. En el primer caso se señalo que el incremento de riesgo en las finanzas públicas se ve exacerbado, entre otros elementos, por la incertidumbre en las políticas internas. Una posición similar fue expresada por la segunda agencia, Moody’s que “considera que el grado de predictibilidad y efectividad de las políticas económicas en México se ha debilitado”. Independientemente de que muchas cosas pueden cambiar en el camino dependiendo del contexto, como lo mostró la amenaza de Trump de la semana pasada, mensajes articulados y coherentes desde el gobierno federal ayudarían a disminuir la incertidumbre, porque la realidad es que no son pocos los empresarios en diferentes sectores de la actividad económica que se preguntan lo mismo que las agencias calificadoras: ¿Cuál es la hoja de ruta?. En este contexto, cobra especial relevancia el impulso al Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico, cuyo decreto de creación fue publicado el 17 de mayo pasado. Una buena oportunidad para mejorar la coordinación, disminuir la incertidumbre y generar confianza.