Santa Lucía y el Tren Maya, las criticadas obras de AMLO
Expertos advierten que hay riesgos de sobrecostos, retrasos y opacidad en los proyectos que impulsa el Ejecutivo
Carecen de estudios ambientales y técnicos, además los amparos frenaron el aeropuerto
A un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de México, el Tren Maya –obra largamente soñada por el tabasqueño–, y su otro proyecto bandera, el aeropuerto de Santa Lucía, han sido criticados por la carencia de planeación y la falta de estudios que avalen su viabilidad aeronáutica, respectivamente. En el caso del Tren Maya, Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que la única forma certera de hablar de costos y tiempo es cuando hay un proyecto ejecutivo completo, lo que no existe hasta ahora.
El Tren Maya recorrerá cerca de mil 470 kilómetros del sureste del país para unir las principales ciudades de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, con 15 estaciones. “Quieren hacer la planeación de un megaproyecto de infraestructura en menos de un año y es imposible. Un proyecto como éste requiere de cuatro años de planeación”, señaló Ana Thaís, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El proyecto se redujo 55 kilómetros en el tramo entre Yucatán y Quintana Roo, por lo que la ruta irá de Valladolid a Cobá y de este punto conectará con Cancún, lo que generará un ahorro de 5 mil 500 millones de pesos.
Para esta megaobra se calcula una inversión de entre 114 mil 500 millones y hasta los 144 mil 500 millones de pesos, de los cuales la iniciativa privada aportará 90 por ciento y el gobierno el restante.
Expertos refirieron que experiencias internacionales indican que los ferrocarriles no son rentables y casi todos son subsidiados, lo que hará difícil atraer a inversionistas. Este año se lanzarán tres de 10 licitaciones para esta obra. La primera corresponde a la ingeniería básica y el próximo 5 de julio las empresas entregarán sus propuestas, posteriormente se realizará el Manifiesto de Impacto Ambiental. Eduardo Bravo, socio senior en Baker McKenzie, estimó que este proceso puede tardar hasta tres años para iniciar obras.
SANTA LUCÍA, NO DESPEGA
Aún no asumía la presidencia, pero desde finales de octubre de 2018, como mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, ya había cancelado “a votación del pueblo”, el Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) en Texcoco, mientras impulsaba el proyecto de Riobó de transformar la base militar de Santa Lucía en un puerto aéreo comercial. Sin embargo, a casi 8 meses de su anuncio, la reconfiguración del espacio aéreo en el centro del país sigue sin despegar y Santa Lucía enfrenta una batalla legal que impide su arranque, ante la falta de estudios que aseguren su viabilidad, seguridad aérea e impacto social. El objetivo del proyecto, llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es movilizar 18 millones de pasajeros en la primera etapa. Sin embargo, con esta capacidad, Luis Felipe de Oliveira, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA), aseguró que Santa Lucía no podrá hacer frente al crecimiento de pasajeros esperados para la siguiente década. “Santa Lucía es una solución a mediano plazo que llevará a debatir otra alternativa en 10 años. De acuerdo con lo que conocemos hasta ahora, el actual proyecto no podrá soportar este aumento en la demanda de pasajeros”, aseguró de Oliveira.
A diferencia del NAIM, el nuevo proyecto no se licitó, pues el presidente decidió que sería la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien lo edificaría con un costo de 78 mil 557 millones de pesos. Rogelio Rodríguez, experto en Derecho aéreo, consideró que la asignación directa al ejército implicará una tarea de transparencia, pues la Sedena no está obligada a hacer públicos los contratos para la compra de materiales.
“El Ejército puede hacer contrataciones directas o restringidas a 3, no tiene que pasar por licitaciones públicas por temas de seguridad nacional”, precisó Rodríguez. Aunque el proyecto aún no inicia, el gobierno prevé que en 2021 comience a operar, sin embargo, las resoluciones judiciales concedidas contra Santa Lucía al colectivo #NoMásDerroche, impiden el despegue.