Pemex o la inagotable corrupción
Con Enrique Peña Nieto la corrupción en Petróleos Mexicanos alcanzó niveles insospechados. Agronitrogenados y Fertinal son sólo la punta del iceberg. Decenas de otros casos han salido a la luz con las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Las oscuras transacciones fueron el pan de cada día en el corporativo, las subsidiarias y filiales. Toda adquisición de bienes y servicios fue acompañada de la sombra de la corrupción. Las operaciones de gran magnitud y relevancia, las de contratos por cientos de millones de dólares, han llamado particularmente la atención. Es el caso de las llamadas “desinversiones”, un eufemismo utilizado por pasadas administraciones para disimular la privatización de activos públicos a precios de remate. Una vez aprobada la reforma energética, Pemex comenzó a transferir operaciones y activos al sector privado. Les faltó tiempo para transferir a manos privadas todo lo que se propusieron, pero se deshicieron de un gran número de bienes públicos a precio de remate.
Emilio Lozoya, director de la paraestatal, gozaba de cierta autonomía, pero el visto bueno venía de Los Pinos y de las secretarías de Hacienda y Energía.
Los privatizadores justificaron sus acciones argumentando que tales operaciones no eran estratégicas, que no encajaban con el nuevo modelo de negocios de Pemex y que los recursos obtenidos con la “monetización” de activos serían orientados hacia actividades más rentables. Un caso, el del consorcio español Repsol, se remonta al calderonismo. En 2011, Pemex elevó su participación en Repsol del 4.81 al 9.43 por ciento. Con esa maniobra, que no fue informada al Consejo de Administración, Pemex intentó tomar el control de la petrolera española en alianza con Sacyr Valle Hermoso, otro accionista del mismo consorcio. En febrero de 2012 se firmó una Alianza Industrial Estratégica entre Pemex y Repsol para compartir ventajas competitivas. La alianza nunca funcionó. Repsol no compartió sus avances tecnológicos para la exploración y explotación de aguas profundas, ni se desarrollaron oportunidades de negocio o formas de colaboración conjunta.
Ya en el sexenio de Peña Nieto, en junio de 2014, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la desinversión “estratégica”. Durante el proceso de desinversión en Repsol, Pemex perdió al menos 3.7 mil millones de pesos. Reconoció las pérdidas ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, pero nunca rindió cuentas a los mexicanos. En el caso de las plantas productoras de hidrógeno (insumo utilizado en la disminución del azufre de los productos petrolíferos), se decidió la venta de tres plantas y enseguida se firmaron contratos de abastecimiento para que los nuevos dueños vendieran hidrógeno a Pemex. El precio de venta de tales plantas se desconoce porque no aparece en los Libros Blancos. La privatización fue disfrazada al calificarla de “alianza”, aprovechando el marco legal creado por la reforma energética. La venta estuvo acompañada de la adjudicación, por asignación directa, de un contrato para el suministro de hidrógeno durante 20 años, en condiciones favorables para los nuevos dueños de las plantas (terrenos en comodato, insumos y servicios aportados por Pemex). Se argumentó que Pemex fortalecería su desempeño operativo y destinaría mayores recursos a los procesos de refinación. Ninguna de las dos promesas se cumplió. Con la creación del Cenegas –que se llevó la red troncal de gasoductos de Pemex–, y con el argumento de la baja del precio del petróleo, el gobierno de Peña Nieto ordenó a Pemex “monetizar” (privatizar) todos sus activos en el transporte de gas natural por ducto. La empresa argumentó que esa actividad ya no entraba en su nuevo modelo de negocio y en adelante se enfocaría en las actividades de mayor valor. Así, se “monetizó” la participación de Pemex en Gasoductos de Chihuahua, empresa creada en 1997 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y la empresa californiana Sempra. La asociación a partes iguales (50/50) se firmó en el marco de la liberalización del transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas natural, en 1995, liberalización acordada con los acreedores de México a raíz de la crisis financiera de 1994-1995.
En el gasoducto Los Ramones Fase II se usó un esquema similar, y la adjudicación a un consorcio con participación de Odebrecht está bajo investigación.
En 2010, Odebrecht se hizo cargo del proyecto Etileno XXI, Complejo petroquímico en Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex suministraría etano (66 mil bd) con un descuento durante 20 años. La subasta la ganó Grupo Idesa y Braskem, filial de Odebrecht. La construcción de la planta, por asignación directa, estuvo a cargo de Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional-Ingeniería Industrial. Odebrecht se comprometió con un costo de 2 mil millones de dólares, aunque el costo final de la obra sobrepasó los 5 mil millones.
La seguridad energética del país pasaba por poner freno definitivo al tren de la corrupción, que en el sexenio pasado fue la norma. Es lo que está haciendo este gobierno.