El Conacyt y los estímulos a la innovación
Es del conocimiento común que en México no invertimos lo que deberíamos en el desarrollo de ciencia y tecnología; invertir el uno por ciento del PIB en investigación y desarrollo, como se establece en nuestra Constitución, ha quedado como una aspiración que se ve cada vez más lejana. De acuerdo a la base de datos del Banco Mundial, el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en México es de 0.5%; en contraste, el promedio de los miembros la OCDE es de 2.5%. Estados Unidos invierte el 2.8%, Corea 4.2% y Brasil 1.2%; números que reflejan, sin duda alguna, que tenemos que hacer una mayor apuesta como país en materia de investigación y desarrollo. Los desafíos se encuentran tanto en el sector público como en el sector privado, pero mucho más en este último. Para alcanzar la inversión en ciencia y tecnología promedio del sector público de los países de la OCDE (0.9% del PIB) el gobierno mexicano debería duplicar su inversión, que se estima
actualmente en 0.44% del PIB; mientras que para alcanzar la inversión en ciencia y tecnología respecto del PIB que realiza el sector privado de los países de la OCDE, México debería multiplicar por quince su aportación (1.6% vs 0.11%). Mientras que en Corea el sector privado aporta el 80% de la inversión en investigación y desarrollo de ese país y en los países de la OCDE el 66%, en México es apenas del 20% del total.
Para estimular la inversión en investigación, desarrollo e innovación del sector privado se han impulsado diversos programas en el mundo. Entre los más conocidos se encuentran los programas de vales (o vouchers) que son utilizados para apoyar la vinculación entre el sistema educativo y de investigación y las Pymes, como el que existe en los Países Bajos. Otro ejemplo relevante es el del National Research Council de Canadá donde, por medio de sus Consejos Técnicos Industriales, se provee asistencia tecnológica para Pymes durante todo el proceso de innovación. También es muy conocido el sistema de la agencia finlandesa para el financiamiento de la tecnología y la innovación, también conocida como Tekes, que se encarga de otorgar el financiamiento para la investigación aplicada. A este grupo pertenecía el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) que fue cancelado en esta administración. El PEI era un programa de estímulos a la innovación dirigido a empresas, con esquemas que privilegiaban la participación de las Pymes y la vinculación con instituciones de educación superior o centros de investigación.
Hay diversas formas para evaluar si políticas públicas como las del PEI estaban dando resultados, una de ellas es la adicionalidad, es decir, si por el incentivo la empresa invierte más en ciencia y tecnología de lo que invertiría de no existir el incentivo. Una investigación realizada por Ángel Calderón Madrid para los apoyos a la innovación empresarial del 2009, concluyó que existía un impacto positivo, significativo e importante en empresas con 250 trabajadores y menos, pero no significativo cuando se trataba del apoyo económico otorgado a empresas grandes con más de 250 trabajadores. Al replicar el estudio de Calderon en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE con la ESIDET 2014, se encontraron los mismos resultados, un efecto positivo y significativo para las Pymes, pero no significativo para las grandes empresas. La vinculación, por otro lado, fue un resultado claramente positivo del programa, considerando que 85% de los proyectos fueron realizados de manera colaborativa con universidades y centros de investigación. La vinculación de los investigadores con miembros del sector productivo para resolver desafíos específicos que enfrentaban las empresas, demostró la gran capacidad existente en las universidades y centros de investigación de nuestro país para resolver aspectos relacionados con la innovación. Me parece que esa experiencia debe utilizarse a favor de la innovación en el país.
En concreto, se podría diseñar un programa para que los investigadores de las universidades y centros de investigación de nuestro país generen bienes públicos para todo un sector productivo; de esta manera, los resultados de las innovaciones no quedarían en manos de una sola empresa, sino que podrían ser útiles para elevar la competitividad de toda una industria o sector, compensando de esta manera la baja inversión del sector privado en ciencia y tecnología, particularmente en las pequeñas y medianas empresas.