Inclusión

El cambio en materia educativa de la Constitución marca, en un transitorio, la responsabilidad del Ejecutivo federal de presentar una Estrategia Nacional para la Inclusión. La tarea ya se aborda desde distintos ángulos: un trabajo muy intenso al interior de la propia SEP, con una consulta ampliada a organizaciones, especialmente las de personas con discapacidad; el trabajo del colectivo #NiñezYJuventud, un bloque de 400 organizaciones de todo el país que trabajan con enfoque de derechos, y las aportaciones que se van perfilando desde el SIPINNA, el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En los tres grupos aflora que el núcleo del problema en México es sobre todo un desajuste, una traba en la cultura. Es una gran barrera de mentalidad, de comprensión, de discernimiento.

No es casual que los más marginados del Sistema Educativo Nacional sean quienes acumulan, apilan, las etiquetaciones que se traducen en rasgos de discriminación y exclusión histórica: condición indígena, pobreza, discapacidad, género.

El tema entonces es superar la discriminación estructural, que permea en cada nivel educativo, en todas las regiones, que todo empapa, que satura el aire de nuestras escuelas y nuestras familias.

Si el derecho a la educación es el derecho a desarrollar todas las potencialidades y facultades de forma armónica, de cada una y cada uno, la inclusión es un criterio de la educación nacional, y no se

limita a un servicio, modalidad o subsistema.

La Estrategia Nacional tiene que traducirse, a mi juicio, en algo en cierto modo paralelo a la “perspectiva de género”. Con la comprensible torpeza y gradualidad, y sobrellevando el prejuicio y desenmascarándolo en las ideas, las actitudes y las prácticas, ya se va estabilizando la referencia de que la igualdad sustantiva de hombres y mujeres no es borrar su diversidad, sino reconocerla, defenderla, profundizarla y celebrarla. No es simplemente incorporar o integrar a las mujeres, sino reconocer su presencia, aporte, y sobre todo –y para empezar– el ejercicio cabal y no obstaculizado ni condicionado de sus derechos fundamentales. Se trata entonces de tener “perspectiva de inclusión”: que todas y todos estén, aprendan y participen.