Coneval: un balazo en el pie
Uno de los objetivos centrales de la 4T es, sin duda, la reducción de la pobreza y de la desigualdad del ingreso y la riqueza. Con toda razón, Andrés Manuel López Obrador prometió luchar contra estos problemas nacionales que no ha sido posible resolver: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Así estableció como una prioridad de su gobierno el abatimiento de la pobreza y dejó a la clase media y alta en un segundo término. Era necesario, y de justicia elemental, atender esta lacerante realidad del país. No podría yo estar en más acuerdo con el objetivo de abatir la pobreza y la desigualdad. Coincido en que no puede ni debe soslayarse más el enfocar las baterías a este propósito nacional. Como cualquier objetivo que se busque, este también necesita de medios, de instrumentos que, llevados a la política pública, logren el objetivo. Desde hace años, el gobierno mexicano lo ha intentado mediante programas sociales enmarcados en la extinta Secretaría de Desarrollo Social. Para ello, el Estado mexicano creó
hace más de un decenio el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dependiente de la (también extinta) Secretaría de Desarrollo Social. Años después el Legislativo le otorgó autonomía constitucional, pero nunca logró pasar la ley reglamentaria, por lo que, para efectos jurídicos, el Coneval sigue (por lo que sucedió esta semana) dependiendo del Ejecutivo.
Como su nombre lo indica, se trata de una entidad pública dedicada a la evaluación de la política social. Ello significa evaluar todos los programas sociales y medir la pobreza en todo el país. Muchos académicos y analistas también hemos propugnado porque la política social incluyera a la salud, para que sus programas y desempeño también fueran evaluados, pero no se ha logrado. En el caso de la educación, el Estado estableció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) justamente para, entre otras cosas, evaluar el avance de la educación en el país. La lógica elemental es que quien realiza los programas no debe evaluarlos por constituirse en juez y parte. Lamentablemente el INEE acaba de ser transformado en otra institución dependiente de la SEP.
A pesar de depender del Ejecutivo, la forma altamente profesional en que se ha manejado el Coneval, y debido a la existencia de su Consejo formado por académicos (un esquema de gobernanza sui generis que ha funcionado bien), logró un alto reconocimiento de todos los involucrados. A pesar de las presiones que con frecuencia ejercieron muchos gobernadores y el propio Ejecutivo federal sobre los reportes del Coneval, todo mundo terminó respetando sus resultados. En todo caso, la queja era que los responsables últimos de los programas no tomaban suficientemente en cuenta los resultados del Coneval para ajustar los programas e incluso para eliminar aquéllos que persistentemente resultaban mal evaluados. Esa era la queja, si acaso había alguna.
La noticia de hace unos días, de que los recortes presupuestales amenazaban con paralizar las actividades del Coneval, dada a conocer por su exsecretario ejecutivo Gonzalo Hernández Licona, generó muchas reacciones de especialistas y organizaciones civiles. Se pedía a la Secretaría de Hacienda que tuviera mucho cuidado en este tema tan sensible y tan relevante para abatir la pobreza.
Y es que una política pública requiere de un proceso permanente de evaluación de sus instrumentos para mejorar su efectividad. Se gastan tantos recursos que es necesario revisar periódicamente si los programas funcionan o no. De no haber evaluación objetiva, lo más probable es que haya resultados más pobres de lo que pudieran haber sido.
Por eso resulta lamentable que los recortes decididos por Hacienda, y que Hernández Licona reveló, seguramente se ejecutarán. Eso implica que Coneval tendrá mucho menor impacto: solamente logrará evaluar un grupo limitado de los programas sociales, o bien la profundidad con que lo haga será menor de cómo se ha hecho hasta ahora. Todo esto sin considerar la experiencia y profesionalismo del exsecretario Ejecutivo, que fue removido (a pesar de la autonomía constitucional) por el presidente López Obrador, y de su staff inmediato, cuyo futuro es ahora incierto. Lo que le pide Hacienda a Coneval es eliminar las direcciones generales adjuntas, que en el caso de Coneval son operativas y representan el personal más especializado y experimentado, y 20% de su presupuesto, ya de por sí recortado el año pasado.
Como ciudadano convencido de que la lucha contra la pobreza y la desigualdad debe reforzarse, y ante la aparición de diversos programas justamente diseñados para esos objetivos que sustituyeron a los programas más exitosos que México tenía, su evaluación objetiva e independiente es doblemente necesaria. De no existir dicha evaluación, sus resultados muy probablemente serán menos efectivos. Y dado que se trata de un programa prioritario de este gobierno, es de lamentar que el presidente López Obrador haya debilitado a uno de sus instrumentos más importantes para lograr el éxito de uno de los objetivos centrales de su administración. Se ha dado un balazo en el pie.