Ley que colapsa
Como anticipamos la semana pasada, se apresuraron los tiempos. Y luego, freno de mano. El derrape salió así: el jueves 18 de julio, por la noche, apareció como Anexo V de la Gaceta Parlamentaria la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación, presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados”, con las debidas formalidades. Bueno, excepto que, “por imposibilidad material”, ya se habían cancelado las sesiones previstas de Parlamento Abierto (29 a 31 de julio), puesto que se convocó a periodo extraordinario de sesiones y el plan era subir para hoy mismo, 25 de julio, el texto ya dictaminado al Pleno de DiputaAsí
dos. Descontón. Pero entonces, dejando la llanta en el asfalto, el pasado martes 23 de julio se acuerda detener el proceso y se manda todo a septiembre. Confirmado: la ley no puede hacerse sin crítica y debate, sin pluralidad y con mera prisa. que, conocida ya esta iniciativa, es momento de hacerle un escrutinio más ponderado. Démosle una primera mirada: la nueva iniciativa propone una LGE de 181 artículos. Que sea más extensa no es ni bueno ni malo en sí mismo; su crecimiento en volumen de texto obedece a tres orígenes: uno, a nuevos mandatos del Artículo Tercero constitucional; dos, a la incorporación de multitud de propuestas derivadas de foros y comunicaciones, de organizaciones de la sociedad civil, de maestras y maestros, de legisladores locales; tres, a que se “colapsan” en 19 artículos de la postulada nueva LGE los 33 artículos de la Ley General de Infraestructura Educativa hoy vigente.
El punto es crítico. En la iniciativa publicada, la LGE extinguiría al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), lo sustituiría por una oficina coordinadora en la SEP y pasaría en la norma muchas de sus responsabilidades a los estados y a las escuelas mismas, incluso a comités de familias y maestros.
Este es sólo un breve recuento de un punto de la “nueva” LGE postulada, que en términos de protección civil, y especialmente del interés superior de la niñez, proclamado en otros artículos –y que obviamente incluye la seguridad, salud e integridad física de los educandos como una garantía que el Estado mexicano debe ofrecer–, deja mucho que desear.
No es una construcción armónica, sino que, usando la imagen, es como una vieja escuela con adiciones que son cuestionables y que en algunos puntos pone a niñas y niños en peligro. Así que es buena noticia que colapsaran los tiempos. Ahora debemos asegurarnos que no colapsen los derechos, y que se revise con dedicación y responsabilidad el prefabricado que los legisladores tienen ahora en sus manos.