Terroristas y terrorismo
La masacre en la tienda Walmart en El Paso, Texas, donde murieron 22 personas, entre ellas 8 mexicanos, es un acto terrorista.
Fue un acto terrorista: casi cualquier definición jurídica y académica confirmarían que Patrick Crusius, quien abrió fuego en el centro comercial sabiendo que estaría repleto de familias por ser fin de semana, es un terrorista. Según versiones periodísticas, Crusius confesó que quería ‘matar a tantos mexicanos como fuera posible’, y por eso viajó varias horas para llegar a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. En su “manifiesto”, que se publicó en una red social, expresaba su odio a los mexicanos, que según él invadían a Estados Unidos, haciendo referencia a comentarios hechos por el presidente Donald Trump. Crusius es un terrorista doméstico. No debería de haber dudas sobre esto. Excepto en Estados Unidos, donde por lo menos en la legislación federal no existe este concepto. Porque a diferencia de actos terroristas por parte de individuos que fueron coordinados o influenciados por grupos terroristas que provienen de afuera (como Al Qaeda o ISIS, a quienes se les considera
“homegrown terrorism” por la influencia externa), lo que hizo Crusius este fin de semana jurídicamente caería bajo el rubro de asesinato o “crimen de odio”. El concepto de terrorismo doméstico, por estar directamente relacionado con grupos de supremacía blanca, jurídicamente se considera diferente. ¿Por qué? Literalmente porque incomoda a la clase política de Estados Unidos reconocer el problema de la violencia de estos grupos, que están directamente vinculados a hombres y mujeres blancos, ultraconservadores, que están dispuestos a matar no sólo por odios a otras razas y religiones, sino, también por el odio a las instituciones y al gobierno federal.
Qué rápido se nos olvida lo peligroso que son estas organizaciones. En 1995, dos “terroristas” domésticos que pertenecían a las milicias, detonaron una camioneta llena de explosivos enfrente de oficinas federales, matando a 168 personas. Entre las víctimas estaban infantes de una guardería para funcionarios que trabajaban para las diferentes agencias que ocupaban las oficinas gubernamentales. La explicación del porqué llevaron a cabo este acto atroz, fue simplemente porque odiaban al gobierno federal y a sus funcionarios.
Timothy McVeigh y Terry Nichols fueron condenados a muerte por asesinato y construcción de un arma de destrucción masiva. Y aunque obviamente era un acto terrorista, al igual que otros casos, se les acusó de otros delitos, no de terrorismo. Y es que el término terrorista tiene fuertes connotaciones políticas en Estados Unidos y en México.
El simple hecho de identificar un acto como terrorismo y una persona como terrorista, implica que el Estado tiene que darle prioridad a la investigación, detención y prevención.
Los estadounidenses entienden el concepto de terrorismo y es más impactante que hablar de homicidios o delitos de odio. Al igual en México hay temor de usar este concepto en contra del asesino que usan la violencia con fines terroristas, por la imagen que podría tenerse en el país –nuestra nación siempre ha insistido que no tiene terroristas. Pero lo que sucedió en El Paso, donde un individuo buscó matar a mexicanos por su nacionalidad, es una oportunidad de atacar el lenguaje de odio que ha usado Donald Trump y sus seguidores en contra de mexicanos y mexicoamericanos. Por eso es importante la posición que tomó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de exigir que se investigue a Crusius por lo que es: un terrorista.
Si hubiera un grupo mexicano llevando a cabo actos de violencia en contra de personas e intereses estadounidenses en México, por el simple hecho de su nacionalidad o vinculación con los vecinos, no hay duda de que serían terroristas. Además, una vez que a un individuo o a una organización se les considera como terroristas, esto automáticamente abre otros paradigmas legales en el ámbito nacional e internacional. Podría facilitar perseguir a las empresas que venden armas a “terroristas”. Se podrían buscar posicionamientos internacionales en contra de terroristas supremacistas que llevan a cabo actividades en Estados Unidos.
México puede y debe exigir que Estados Unidos por fin promueva una legislación que permita perseguir a estos grupos de milicias o supremacistas como terroristas. El FBI ha pedido a gritos que legisladores aprueben una ley ante el incremento de actos de terrorismo por grupos “nacionalistas”. De hecho, no es inconcebible que eventualmente pudiesen buscar demandar a Donald Trump por usar un lenguaje que incita a actos terroristas en contra de mexicanos.
Hay que decir las cosas como son: es terrorismo y son terroristas.
Patrick Crusius es un terrorista doméstico. No debería de haber dudas sobre esto... excepto en Estados Unidos
Es importante la posición que tomó Ebrard, de exigir que se investigue a Crusius por lo que es: es un terrorista