Gasto en universidades colpasa por opacidad, altos salarios y pensiones
La consultoría Integralia alertó que la opacidad en la distribución del gasto público, las exageradas prestaciones que se autootorgan sus funcionarios y las pensiones colapsaron las finanzas de las universidades públicas estatales. En un reporte, Integralia expone que “el crecimiento en la matrícula y personal docente, el incremento en los salarios y prestaciones, el desorden en el sistema de pensiones, aunado a la escasez de recursos –por no mencionar la discrecionalidad de su asignación y gasto–, hacen que las finanzas de las universidades estén colapsadas”. Subraya que “la dinámica de negociación presupuestaria que ha imperado en los últimos años, además de discrecional y opaca, ha sido ineficaz para combatir el problema financiero de las universidades”.
“Para resolverlo es necesario definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometer a las universidades a incrementar sus ingresos propios; frenar el incremento desordenado de salarios y prestaciones (hasta 90 días de aguinaldo y 32 días de prima vacacional), así como reformar el esquema
de pensiones (la edad de jubilación oscila entre 53 y 65 años)”, anota. Recordó que el 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregará la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Ante el entorno económico adverso que enfrenta el país, el Presidente ha declarado que “el gobierno se apretará el cinturón”, lo que podría agravar la crisis que enfrentan las universidades, advirtió el reporte.
Por lo anterior, Integralia presentó una serie de “recomendaciones” para atender la problemática que enfrentan las universidades, entre las que destacan, establecer reglas claras para la asignación de recursos públicos para las UPES, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos; fomentar la mayor recaudación de ingresos propios. Definir una ruta de acción para incrementar las aportaciones de los estados hasta alcanzar el objetivo de 50%-50%; empezar por condicionar las transferencias federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas en los convenios; limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordinarios, y que el pago de prestaciones adicionales deberá cubrirse con ingresos propios. Rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones, con un esquema uniforme que evite duplicidades; aumentar la edad y años de servicio para la jubilación; fomentar la aportación de trabajadores y universidad al fondo de pensiones; eliminar pensiones dinámicas, y limitar la creación de nuevas universidades en tanto no se resuelvan los problemas de las actuales.