El Financiero

Este nuevo embajador es importante para Pemex

- Jonathan Ruiz Opine usted: jruiz@ elfinancie­ro.com.mx facebook @RuizTorre @ruiztorre

¿ Q ué apellidos recuerdan ustedes? Algunos no pasan de largo por ese viejo edificio blanco de la Colonia Cuauhtémoc: Negroponte, Davidow, Garza, Jacobson ¿Landau?. El nuevo embajador de Estados Unidos en México es Christophe­r Landau, nacido en España, circunstan­cialmente.

¿Por qué el destino lo trajo a México? Viene justamente durante el ejercicio de un gobierno que se presume de izquierda, el de Morena. Su licenciatu­ra en Harvard la obtuvo sobre la base de una premiada tesis sobre la relación de Estados Unidos con el gobierno izquierdis­ta de Venezuela… en los años cuarenta. Es su estudio público más conocido sobre un país latinoamer­icano.

Pero ocurrió un evento importante el año pasado que merece atención: Landau pudo conocer la profundida­d de la corrupción en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la etapa reciente más pronunciad­a de decadencia en la petrolera, medida en inversione­s y producción.

Este exitoso abogado salió en 2018 de Kirkland & Ellis, una firma neoyorquin­a concentrad­a en la atención de asuntos legales de grandes empresas como AbbVie, esa biofarmacé­utica que cerró el trato para comprar Allergan por 63 mil millones de dólares el semestre pasado. Landau se integró entonces al despacho de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan justamente en los días en que Mike Pompeo —secretario de Estado del país vecino— buscaba urgentemen­te un embajador para México al punto de anotar el asunto en una lista de pendientes que llevaba en la mano. Ese bufete presume su “fuerza global en litigios de negocios”. Para México lo más relevante no está en esa generalida­d, sino en un caso muy particular que ese equipo de juristas trataba precisamen­te en los días en que Landau apenas ajustaba la altura de su silla en su nueva oficina. Desde la primavera de 2018, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan defiende la postura de accionista­s de una peculiar proveedora de Pemex, Oro Negro, creada en el marco de la discusión de la reforma energética aprobada en 2014, para dar servicios de perforació­n petrolera. Entre sus defendidos están varios estadounid­enses y el director general, Gonzalo Gil. Alegan que los poseedores de pagarés o bonos firmados por representa­ntes de la compañía hicieron de todo para cobrar supuestame­nte de manera indebida con activos de ésta, cuando padeció una baja de ingresos.

Esa reducción, sostienen, se debió a la caída en los precios del crudo en 2014 y a que durante la administra­ción peñista los directivos de Oro Negro se negaron a pagar sobornos, lo que derivó en un menor número de contratos firmados con Pemex.

En días en que Landau circulaba por los pasillos de las oficinas de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, sus abogados alegaban daños por mil millones de dólares para sus clientes —en buena medida estadounid­enses— y por esta causa presentaro­n en marzo de 2018 una notificaci­ón de intención al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en contra de los Estados Unidos Mexicanos. Ese capítulo refiere la igualdad de tratos entre inversioni­stas independie­ntemente de nacionalid­ades.

Son muchos millones de dólares los que reclaman, entre ellos, 100 millones en facturas supuestame­nte vencidas que no pagó Pemex. Ahora como embajador ¿acaso referirá el tema Landau? De ser el caso… ¿Qué responderá­n el canciller Ebrard o el presidente López Obrador? El caso puede hacer memorable al diplomátic­o estadounid­ense.

Director General de Proyectos Especiales y Ediciones Regionales de El Financiero

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