La bandera de la corrupción
López Obrador llegó a la Presidencia enarbolando la bandera de la anticorrupción. Ofreció cortar de tajo ese problema desde el primer día de su gestión. Por supuesto, se trató de una mentira de campaña. Como señala Leslie Holmes (¿Qué es la corrupción?, Grano de sal, 2019), “cuando son elegidos extremistas resultan incapaces de reducir la corrupción”. De haberlo sabido...
No conozco un solo caso, un reportaje, una nota, un comentario casual que me indique que están disminuyendo los niveles de corrupción en el gobierno. Los policías siguen mordiendo, para hacer cualquier trámite sigue siendo necesario hacer alguna “aportación” en efectivo o en especie, el número de contratos para obras públicas mediante asignación directa ha ascendido a un escandaloso 74 por ciento (Animal político, 8/Julio/19). En el combate contra la corrupción, este gobierno tuvo un comienzo desastroso. A pesar de la difusión de las imágenes que mostraban a miembros de la campaña de López Obrador realizando retiros bancarios en carrusel, un tribunal a modo – amenazado por los recortes de sueldo a los magistrados– desestimó pronto el fraude relacionado
con el fideicomiso para “ayudar” a los damnificados del sismo. Pese a las evidencias, López Obrador desdeñó el caso en vez de investigar y sancionar a su equipo. Mostró de qué estaba hecho y cuál sería la tónica de su gobierno.
Se ha denunciado el nepotismo imperante (por ejemplo, relacionado con la parentela de Irma Erendida Sandoval diseminada en el gobierno) y no pasa nada. “No somos iguales”, dice el Presidente, pero sí lo son. A pesar del escándalo suscitado por la exhibición de la trama criminal conocida como la Estafa Maestra, está documentado (Nexos, 29/Abril/19) que en la actual administración siguen activas “empresas fantasma” a las que se les otorgan millonarios contratos. “¿Por qué ha sido esto posible –se preguntan los autores del reportaje– si se supone que la corrupción ya había sido desterrada?”
Dos prominentes secretarios de Estado –Olga Sánchez Cordero y Javier Jiménez Espriú– fueron sorprendidos mintiendo en sus declaraciones 3de3 para ocultar sus bienes en el extranjero. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿No iban a barrer las escaleras de la corrupción de arriba para abajo?
Una forma típica de corrupción es el amiguismo. Nombrar a una persona para un cargo para el que no está capacitado sólo por el hecho de ser su amigo y paisano es un acto de corrupción. Y eso es lo que pasó en el caso de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex y coterráneo del Presidente. Los resultados están a la vista. Las consultas populares fueron procesos corruptos –amañadas, fraudulentas– para respaldar actos autoritarios: la suspensión del NAIM, el Tren Maya y la construcción de Santa Lucía. Otro caso es el de Alfonso Romo, al que el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló directamente de incurrir en un conflicto de interés. De nuevo, el Presidente intervino para que ni siquiera se abriera una carpeta de investigación. “No soy tapadera de nadie”, dice López Obrador. Tal vez no, pero lo parece. Es corrupto un gobierno que autoriza la construcción de un proyecto, como la refinería de Dos Bocas, en contra de las recomendaciones de especialistas nacionales y extranjeros. Un gobierno propicia la corrupción cuando anuncia el despido de miles de funcionarios públicos, ya que estos (por el llamado “efecto ardilla”) tratarán de sustraer recursos mientras puedan. Es corrupto el gobierno que actúa arbitrariamente cerrando ductos, como ocurrió durante el episodio del desabasto de gasolina (que se trató de ocultar con la mentira de que se estaba combatiendo el huachicol). Es corrupto el gobierno que en vez de fortalecer la agencia anticorrupción afirma, sin evidencia empírica alguna, que si la cabeza del gobierno es honesta sus funcionarios también lo serán. Es corrupto el gobierno que reduce los presupuestos de los organismos encargados de transparentar, regular y medir la eficacia gubernamental. Es corrupto el gobierno que utiliza la tribuna pública para calumniar sin pruebas. Es corrupto un gobierno que cambia las leyes para privilegiar a un amigo del Presidente, como en el caso de Taibo. Propicia la corrupción un gobierno que rebaja los sueldos de sus funcionarios. Es corrupto un gobierno que ataca y amenaza a la prensa que destapa casos de corrupción, como Reforma y Proceso. Y, en fin, es corrupto un gobierno que miente por sistema, como lo documentó recientemente The Wall Street Journal en relación a las conferencias de prensa matutinas. Presumir de tener “otros datos” sin mostrarlos y en franca contradicción con los datos oficiales, es también una forma de corromper la verdad.
La bandera anticorrupción a la fecha, a tan sólo siete meses y medio de gobierno, está enlodada. Conviene por el bien de la república que la sociedad civil asuma esa tarea, contra viento y marea.
Como señala Leslie Holmes, “cuando son elegidos extremistas resultan incapaces de reducir la corrupción”
Las consultas populares fueron procesos corruptos –amañadas– para respaldar actos autoritarios