LUIS CARLOS UGALDE
No sólo comete corrupción quien toma dinero de la caja y se lo mete a la bolsa, sino aquél que viendo que otros lo hacen se queda callado. Quienes cometen peculado con el gasto del gobierno o aceptan sobornos para asignar obra pública son corruptos por comisión; en contraste, son corruptos por omisión los legisladores que no fiscalizan, las procuradurías que no castigan, los subalternos que no denuncian y los compañeros de viaje que se hacen de la vista gorda.
Si hay exgobernadores corruptos es por la complacencia de los legisladores locales, quienes, en su momento, debieron señalar las irregularidades de las cuentas públicas y haber exigido que las contralorías o procuradurías estatales castigaran. No lo hicieron y el desastre se hizo realidad. Rosario Robles fue vinculada a proceso penal por omisión: según la parte acusadora, por no hacer lo necesario para prevenir o contener la malversación de fondos de la Estafa Maestra. ¿Cuándo habrá denuncias en contra de los excontralores de Veracruz o Chihuahua y también
en contra de los diputados locales responsables de las cuentas públicas y de los informes de fiscalización?
El artículo 214 del Código Penal Federal señala que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que “teniendo conocimiento (…) de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal (…) por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico (…)”. La señal es muy potente y puede ayudar a prevenir la corrupción: la honestidad implica no solo cuidar el dinero de la caja, sino denunciar a quien lo toma.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había reportado las irregularidades de la Estafa Maestra desde 2014 y 2015 (como también lo había hecho respecto a Veracruz desde 2012). Pero no se conoce que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados haya dado seguimiento puntual a esas denuncias. Tuvo que ser la labor conjunta de organismos de la sociedad civil que elevaron la visibilidad política del expediente y así lo hicieron insoslayable para la autoridad. Al no exigir que se diera trámite a las denuncias de la ASF, los diputados federales de aquellas legislaturas son corresponsables del daño a la hacienda pública.
COMITÉ SILENCIOSO
En abril de 2017 el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado el nombramiento de 18 magistrados especializados en materia de combate a la corrupción para ser ratificados. La lista no se acompañó de una valoración de idoneidad para el cargo ni de una motivación robusta. Por ello el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), presidido entonces por Jacqueline Peschard, manifestó su descontento por la falta de transparencia del proceso que impedía el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas eran idóneas para ese cargo. El Ejecutivo y el Senado desoyeron la queja y también incumplieron con la fecha fatal de nombramiento, que era julio de 2017. El nombramiento era un mandato de la reforma anticorrupción de 2015 que creó salas especializadas al interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para conocer infracciones graves de servidores públicos.
Casi un año después, en mayo de 2018, el CPC interpuso un amparo en contra de la omisión legislativa y un juez federal ordenó al presidente y al Senado de la República a transparentar y concluir el proceso de nombramiento y ratificación de los magistrados. El tiempo pasó e hizo que 13 aspirantes declinaran, por lo que sólo cinco siguieron a la espera.
El 31 de julio de 2019, la Comisión Permanente rechazó los perfiles propuestos por Peña Nieto en 2017 y el senador Peña Villa (Morena) dijo que la anterior legislatura había viciado el proceso de origen y que era necesario reponerlo.
Han pasado 20 días y no se conoce la opinión del CPC. Su silencio es notorio porque ellos interpusieron el amparo que dio como resultado este acto legislativo. Una de las funciones de dicho comité es dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y explicar a la sociedad los avances en la materia.
La discreción de la CPC no ayuda para exigir cuentas a los integrantes del SNA. Su hermetismo es disfuncional para un órgano “ciudadano” que debiera informar con oportunidad de los hechos, avances y tropiezos del sistema. Su silencio sólo contribuye a que prevalezca la visión moralista en la materia del Presidente de la República.
Si hay exgobernadores corruptos es por la complacencia de los legisladores locales
Rosario Robles fue vinculada a proceso penal por omisión, según la parte acusadora