ANA MARÍA SALAZAR
ANÁLISIS SIN FRONTERAS
El incremento de la violencia histórica en los últimos seis meses en México en parte podría estar relacionado con el proceso de “pacificación”, liderado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Hago está afirmación con trepidación porque hay poca información de cuáles son los grupos que el gobierno federal ha contactado, pero el comentario de la secretaria Sánchez Cordero nos da algunos indicios: “Estamos dialogando con muchos grupos y nos han manifestado que no quieren seguir en esta violencia, ellos quieren deponer las armas y caminar hacia la paz”, comentó. Y aunque aclaró en una entrevista de radio que no estaban “negociando con criminales”, queda la duda con cuáles grupos ha tenido acercamiento, ya que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, se reunió con miembros de columna armada Pedro J.
Méndez, un movimiento de autodefensa creado en los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán, Tamaulipas, para combatir a la organización criminal de Los Zetas. No sorprendería que este acercamiento detonará reacciones de Los Zetas.
El problema es que no sabemos si en verdad el gobierno entiende que muchos, sino es que todos los grupos paramilitares o de autodefensas, se están protegiendo no sólo de algún grupo antagónico, sino que también buscan tener control territorial para también poder delinquir. Le suplico a la secretaria de Gobernación hablar con colegas colombianos. Por varios años, el gobierno de Colombia protegió a grupos “paramilitares” como una forma de contrapeso a la guerrilla de las FARC. Lo que resultó fue que estos grupos se volvieron más sanguinarios que la narcoguerrilla y también le entraron al negocio de la producción de coca para exportación. Si el gobierno ya decidió que va a buscar un mecanismo para poder pacificar al país mediante una transición, pues la verdad, con las declaraciones que hizo la secretaria Sánchez Cordero esta semana, podríamos ya sentenciar el fracaso de este proceso. Además, podría haber incitado a más violencia por parte de los diferentes grupos que buscarán posicionarse y defender su “territorio” ante la posibilidad de someter, perdón, negociar con el Estado mexicano. Van a forzar al gobierno a sentarse con
Los Zetas, Los Viagras, CJNG,y otros grupos locales que usan la violencia para controlar los municipios y los gobiernos locales. Violencia que también usan para defenderse de grupos antagónicos o que no les permiten ejercer sus negocios lícitos e ilícitos. De hecho, estos grupos ya están negociando directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Señor Andrés Manuel López Obrador, yo creo que usted es una persona justa y está haciendo su trabajo, que defiende a la ciudadanía como yo defiendo a mi gente y a los ciudadanos”. Estas fueran las palabras en un video en el que supuestamente El Mencho –Nemesio Oseguera Cervantes–, líder del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se queja con el Presidente porque, supuestamente, el gobernador está favoreciendo otro cártel.
“Estamos dialogando con muchos grupos y en verdad nos han manifestado que ya no quieren seguir con esta violencia”, también dijo la secretaria Sánchez Cordero esta semana. Hemos estado en zonas de Guerrero, en las zonas de Tamaulipas, en las zonas de La Huacana, en Michoacán, tratando y conviviendo para tratar de avanzar en la pacificación del país. Estos grupos, que se han estado combatiendo unos a otros, ya no quieren más muerte”, agregó. Con este comentario básicamente la secretaria está reconociendo que está negociando también con grupos criminales.
Hay varios problemas fundamentales con los que proponen esta solución a la violencia. En primer lugar, el que un grupo de criminales acuerde no ejercer violencia en contra de la población civil a cambio de que ellos puedan continuar con sus actividades delictivas, no es una negociación, es el sometimiento del Estado ante la incapacidad o corrupción de sus gobernantes. Pero supongamos que llegase el momento en que, el Estado reconociendo su incapacidad de someter a los delincuentes, decidiese negociar con los diferentes cárteles, ¿cómo asegurar que los capos respetarían lo acordado: no dañar a la sociedad civil? Si la negociación se lleva a cabo debido a la incapacidad del Estado de perseguirlos y controlarlos, entonces ¿cómo someter a estos criminales si incumplen con lo acordado?
¿Pero se puede negociar con el crimen organizado? Sí, pero bajo parámetros legales claros y transparentes. Y sobre todo asegurándose de tener la capacidad institucional de enfrentarlos y controlarlos. Algo que en este momento claramente no tiene, ya que ni el Ejército ni la Guardia Nacional pueden defenderse ante una agresión de un grupo armado o pobladores enojados.