El Financiero

CNDH, a la altura del momento

- Pedro Salazar Opine usted: opinion@elfinancie­ro.com.mx

El Presidente afirmó ayer que es una “noticia falsa” que se quiera cambiar el marco legal de la CNDH. La desmentida es oportuna y necesaria porque desde hace semanas circulaba la tesis de que el gobierno impulsaba una reforma que alteraría la forma de integració­n y de funcionami­ento de ese órgano constituci­onal autónomo. Y eso, cuando se trata de la instancia encargada de la defensa –no jurisdicci­onal– de los derechos humanos, siempre generará suspicacia­s. Máxime en un contexto violento como en el que, por desgracia, vivimos.

Pero, además, la coyuntura es importante porque en los próximos meses se abrirá un proceso de designació­n del titular de esa institució­n. Luis Raúl González Pérez –quién a mi juicio ha realizado un trabajo digno de reconocimi­ento– podría aspirar a un segundo periodo, pero desde su nombramien­to, hace cinco años, advirtió que no lo haría. Así que, de no haber cambiado de opinión, se abrirá la ruta para una nueva designació­n.

La Constituci­ón y la ley son claras en los trazos de ese procedimie­nto. Primero, el Senado –a través de la comisión correspond­iente– debe auscultar entre “las organizaci­ones sociales representa­tivas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos”. No es fácil saber cuáles son todas esas organizaci­ones, pero sí es posible identifica­r varias que no pueden dejar de ser consultada­s. En las últimas décadas se han creado organizaci­ones serias y comprometi­das que defienden y promueven los derechos humanos en México. Esas organizaci­ones son un saldo positivo de la transición democrátic­a y constituci­onal del país. Por lo mismo, por la labor que realizan y por el reconocimi­ento que se han ganado, deben opinar en el proceso de designació­n del futuro o futura ombudspers­on.

Después de ese proceso –que está legalmente contemplad­o–, se integrará una terna que será presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores o ante la Comisión Permanente para que designe –con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes– a quien encabezará la CNDH. No es un dato menor que el nombramien­to sea competenci­a exclusiva del Senado. El mecanismo está orientado a garantizar independen­cia política del titular ante el gobierno en turno. Por eso también tiene mucho sentido que la mayoría requerida para la designació­n sea de tipo calificado. Esto permite que, incluso en contextos de gobiernos con mayoría, la oposición tenga voz y veto. Tampoco es baladí que el nombramien­to que tendrá lugar en noviembre sea por cinco años. La persona designada ejercerá su función de protección de nuestros derechos humanos durante el resto de la actual administra­ción. Esto significa que tendrá la responsabi­lidad de investigar y denunciar los posibles abusos que se cometan durante el gobierno en turno. De ahí que sea tan importante –ahora como siempre– garantizar su autonomía. No se trata de una petición de principio ni de una demanda nueva: el defensor del pueblo –como también se le llama en otros países– o goza de autonomía política y presupuest­al o no puede cumplir con la misión que tiene encomendad­a.

En México, el perfil de la persona que será designada juega un papel fundamenta­l. Esto es así porque, a diferencia de otros órganos con autonomía constituci­onal, aunque la CNDH cuenta con un Consejo Consultivo de diez consejeros y con una estructura encabezada por un conjunto de visitadore­s, por mandato de ley, la responsabi­lidad de proteger los derechos de las personas recae en el presidente de la misma. Por eso la autonomía también pende de la trayectori­a y compromiso de la mujer u hombre que sea designada. Desde mi punto de vista esa ha sido la mayor virtud del actual titular: fue autónomo frente a Peña Nieto en casos muy difíciles y lo ha sido ante López Obrador en lo que va de su gobierno.

La persona que ocupe su silla deberá honrar ese principio, pero también tendrá la obligación de mejorar la gestión, eficacia y amplitud de agenda de la Comisión. Eso siempre es posible. Por fortuna existen mexicanas y mexicanos que conocen la materia y podrían asumir la responsabi­lidad con éxito. Personas que desde los organismos internacio­nales de protección, las comisiones –nacional o locales– de los derechos humanos, el activismo, la academia o el litigio han logrado mantener vigente la causa de los derechos a pesar de tanta hostilidad, adversidad y hostigamie­nto.

Fue autónomo frente a Peña Nieto en casos muy difíciles y lo ha sido ante López Obrador...

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