La orientación del programa gubernamental 2020
El propósito explícito del Paquete Económico para 2020 es confirmar el compromiso de la administración con la estabilidad macroeconómica. Según este plan, tal aportación se logra garantizando la “sostenibilidad” de las finanzas gubernamentales, lo cual se interpreta como una trayectoria acotada de la deuda pública amplia respecto al PIB. De ahí que se busque restringir la política fiscal con un objetivo para la razón de deuda, así como los saldos que conducen a ese resultado, entre los que destacan el déficit total y el balance primario, definido este último como la diferencia entre ingresos y egresos presupuestales, excluyendo el pago de intereses.
De forma semejante al paquete de 2019, el nuevo programa prevé un incremento marginal en la razón de deuda, con lo que el promedio de esta proporción durante los primeros dos años del actual gobierno se ubicaría ligeramente por encima de la media anual del sexenio anterior.
Se proyecta un superávit primario de 0.7% del PIB, inferior en tres décimas al comprometido para el presente año. La mera existencia de un superávit primario, que contrasta con los déficits registrados durante 2009-2016, parece operar, en la percepción de muchos analistas, como una señal sufipresupuesto ciente de responsabilidad fiscal. Como en ejercicios anteriores, el logro de las metas de 2020 dependerá, en buena medida, de los supuestos incorporados, entre los que sobresale el marco macroeconómico. Dada la incertidumbre inherente en cualquier ejercicio prospectivo, no pueden descartarse escenarios desfavorables que dificulten los objetivos.
Por ejemplo, el programa supone un crecimiento económico de 2.0 por ciento y un aumento considerable en la producción de petróleo que rompe con el persistente declive observado desde 2004. Utilizando los cálculos del gobierno, un crecimiento económico de la mitad del previsto y una reducción de diez por ciento en la plataforma petrolera respecto a los niveles de mediados del presente año eliminarían el superávit primario.
De hecho, los ingresos menores de los previstos durante 2019 han llevado al gobierno a utilizar recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) por el equivalente a 0.5 por ciento del PIB para asegurar la meta de ese balance. Al parecer, resulta más importante el logro del objetivo que su forma de cumplimiento. De ahí que, en caso de faltantes durante el próximo año, además de contener el gasto, el gobierno podría recurrir a sus activos financieros. Ahora bien, el programa estipula un monto de ingresos presupuestarios igual, en términos reales, a los estimados para 2019, con aumentos en los petroleros, así como en los no petroleros tributarios, a los cuales se espera fortalecer mediante diversas acciones. Mientras que algunas de las iniciativas impositivas pueden justificarse en términos de equidad y justicia, como la prohibición de condonar gravámenes a contribuyentes y el castigo por la emisión de facturas falsas, otras pueden generar efectos adversos, como la tipificación de la defraudación fiscal como delito grave si se vulnera la presunción de inocencia, y el incremento de la tasa de retención sobre intereses que castiga el ahorro.
Asimismo, el plan contempla un moderado incremento real en el gasto neto total y sus principales componentes, excepto en el costo financiero. Sin embargo, no es claro que la distribución de las erogaciones refleje un uso eficiente de los recursos desde el punto de vista social. Específicamente, el proyecto de señala como prioridades los programas para reducir las desigualdades, así como la inversión con mayor incidencia en el crecimiento. Se aclara que estas prelaciones se manifiestan en el gasto en seguridad, en bienestar y en Pemex.
Empero está ausente la justificación social de esta jerarquía. Por ejemplo, respecto al presupuesto de 2019, se propone, sin argumentación, incrementar la inversión financiera en Pemex al tiempo que se contrae la inversión física en el resto de la economía.
Aun dentro de las aludidas prioridades, no se cuenta con una evaluación de la rentabilidad social de los nuevos programas y proyectos y es limitada la información sobre la operación de los mismos. Es conveniente que el gobierno justifique el ejercicio presupuestal no sólo en términos de balances sino también en función de la composición del gasto. Así, antes de reiterar la necesidad de una reforma tributaria, como lo hace el paquete económico, es indispensable asegurar que los recursos disponibles se utilicen para acrecentar, de la mejor manera, las posibilidades sostenibles de bienestar.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de
(FCE 2006)