AMLO frente al lucrativo financiero “¿ Y
ahora a quién le toca?”, solía decir un jefe de la mesa de dinero de un banco comercial. Y desde Banco de México contestaban: “¿Quién va a organizar hoy la fiesta?, ¡Nomás no me vueles la tasa!”
Expresiones como ésas en clave están contenidas en varios tetrabytes de información que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tuvo que filtrar con ayuda de una empresa de software.
Son las conversaciones de chats, mails y llamadas telefónicas que se cruzaban jefes de mesas de dinero de los bancos, sus operadores y directivos del Banxico entre 2006 y 2016.
El involucramiento del Banxico en la acomodaticia política de manejo de tesorerías de los bancos, cuyo manipuleo de tasas sangró a los ahorradores y al propio gobierno, es de escándalo.
Fue lo que propició el rompimiento de José Antonio Meade y Alejandra Palacios. Cuando la segunda anunció en octubre del 2006 el inicio de la investigación, el primero hizo todo por detenerla.
En lugar de apoyar la ingadatoria, el entonces secretario de Hacienda de Enrique Peña, Luis Videgaray, junto con Meade la obstaculizó y mandó hacer otra que concluyó en noviembre del 2018, un mes antes de irse del gobierno.
Exoneró a todos lo bancos y solo impuso una ridícula multa de 17 millones de pesos. La “investigación” la encargó a Jaime González Aguadé, como cabeza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pero hace dos semanas la Autoridad Investigadora de la Cofece, a cargo de Sergio López, abrió la caja de Pandora: envió al pleno el Dictámen de Presunta Responsabilidad.
Estamos hablando de las conclusiones de tres años de investigaciones, donde determina que BBVA-Bancomer, Santander, Citibanamex, JP Morgan, BofA, Barclays y Deutsche Bank, violaron la ley.
Un oficio de la Autoridad Investigadora fechado el 3 de octubre ordena al pleno a emplazar a esas instituciones por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas.
La semana pasada BBVA, de Eduardo Osuna; Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú; Santander, de Héctor Grisi; JP
José Antonio
Meade Jaime González
Aguadé
Morgan, de Felipe García-Moreno; Bank of America-Merrill Lynch, de Emilio Romano; Barclays, de Raúl Martínez Ostos, y Deutsche Bank, que ya cerró operaciones aquí, empezaron a ser notificados.
La Ley de Competencia Económica faculta a la Cofece a irse 10 años atrás en sus pesquisas. El resultado de su indagatoria involucra las gestiones de Guillermo Ortiz, pero sobre todo la de Agustín Carstens. Por eso encolerizaron Meade y los banqueros.
El plazo investigado por la Cofece incluye los últimos tres años de la gubernatura de Ortiz y todo el periodo de Carstens. No involucra el de Alejandro Díaz de León. Además se tiene evidencia de que desde 2016 el Banxico y los bancos dejaron de incurrir en esa práctica.
El de la banca era el siguiente: en las subastas de valores gubernamentales se ponían de acuerdo para que uno solo se llevara el 80% del monto y luego éste repartía entre los demás participantes “a la fiesta” el total de los papeles que se negociaban.
El día a día empezaba con la subasta, había bancos que estaban “largos” de recursos y otros “cortos”; el chiste era nivelar los números, cuadrar a diario las tesorerías y ganar con la fijación de las tasas.
Para evitar el “canibalismo” un banco concentraba la liquidez y con los demás iban controlando ese exceso o faltante de dinero. Eso era lo que al final le interesaba a Banxico: que no se desordenara el mercado de dinero y que la tasa no se “volara”.
El “huachicoleo” que en los últimos 20 años hicieron los principales bancos de la deuda del gobierno, particularmente de Certificados de la Tesorería (Cetes), fue multimillonario.
El mercado de valores gubernamentales, incluidos también bonos con tasas de interés fija, Bondes D y Udibonos, supera los 6.2 billones de pesos anuales, equivalente al 30% del PIB.
Todas las operaciones del mercado primario como esas subastas semanales y las subastas especiales, todas de valores gubernamentales, son susceptibles de colusion.
Todas las operaciones de mercado secundario realizadas telefónicamente o a través de y también son susceptibles de colusion.
Las subastas primarias de Banco de
Agustín Carstens
México son semanales y se subastan entre 40 y 50 mil millones de pesos de valores gubernamentales, entre Cetes, Bonos M y Udibonos.
Y el mercado secundario opera de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y mueve a diario más de 50 mil millones de pesos en promedio, un segmento que al parecer no cubrió esta investigación.
Lo anterior quiere decir entonces que se mueven diariamente más de 50 mil millones de pesos y el día que hay subasta se va por lo menos al doble el volumen, es decir: 100 mil millones.
La decisión de la Cofece es lo que necesitaban dos fondos estadounidenses que promovieron en marzo del 2018 una demanda colectiva contra esas mismas instituciones, incluida el HSBC, de Nuno Matos.
Estos 8 bancos también fueron acusados por los fondos de pensiones del servicio de bomberos de Oklahoma y de los trabajadores pensionados del servicio eléctrico.
Está radicada en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, pero en realidad los demandantes no tenían nada que probara la colusión para manipular los precios de los bonos de deuda mexicana.
Con el emplazamiento de los pupilos de Palacios, la “class action” queda sustentada, a escasos dos meses de que el juez la desechara por falta de elementos.
De esta forma, la llamada “motion to dismiss” o “moción para desistimar” queda sin efecto y el “discovery” o la revelación legal de información se perfila como una obligación para los bancos acusados.
¿Qué significa lo anterior? Que por mandato de un juez BBVA-Bancomer, Santander, Citibanamex, HSBC, JP Morgan, BofA, Deutsche Bank y Barclays están obligados a abrir sus libros financieros y a proporcionar la información.
Pero ese escenario es consecuencia de lo que la Cofece disparó aquí y se dirimirá en Estados Unidos. En México los bancos tienen de aquí al 23 de enero próximo para presentar sus alegatos y desvirtuar el Dictámen de Presunta Responsabilidad.
A su vez la Cofece tiene hasta el
28 de julio del 2020 para emitir una resolución final que puede ser ratificar la culpabilidad de los bancos en el manipuleo de las tasas, o desechar su denuncia.
La controversia se da justo en la 4T, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ve en la banca a un histórico adversario político, pero que hoy día se muestra muy apapachador del sector.
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