De nombramientos, designaciones y autonomías
En la Gaceta Parlamentaria del día de ayer se publicó un botón de muestra de las preocupaciones que van incubando algunas corrientes de la 4T. Se trata de una iniciativa de reforma constitucional para anticipar la conclusión del mandato del presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y para establecer una nueva fórmula de nombramiento de la persona titular de esa autoridad. La justificación de la propuesta es la siguiente: “En 2014, las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro país eran otras. Hoy vivimos un cambio de régimen, una época transformadora, un proyecto de nación diferente y un proceso de renovación cultural que busca terminar con prácticas de corrupción”. Son palabras del diputado promotor.
Dejo de lado que la historia y la realidad cotidiana no son el marco de la tesis; también abstraigo de mi reflexión la insinuación indiciosa con la que remata su argumento; y me quedo, solamente, con los efectos jurídicos y políticos de la propuesta. Por ser una iniciativa constitucional –de ser aprobada– dejaría al actual presidente del CG del INE en estado de indefensión (así como a todos los que piensen que se trataría de un atropello). No es la primera vez que la legislatura liderada por la actual mayoría eleva a la Constitución decisiones arbitrarias para blindarlas del control judicial (la reforma al artículo 19 en materia de prisión preventiva es emblemática).
En la arista política, la iniciativa tiene el mismo tinte draconiano. Dado que la nueva norma entraría en vigor al mismo tiempo que el nombramiento de cuatro nuevos integrantes del máximo órgano de dirección del Instituto, cabría la posibilidad (no digo más) de que la mayoría política tomara el control de la autoridad electoral nacional.
Ello a casi un año de la elección intermedia más grande de la historia del país.
Las cosas siempre hay que mirarlas en contexto. En el caso concreto no podemos olvidar la maltrecha designación de la actual titular de la CNDH. La nueva ombudsperson merece respeto y beneficio de la duda. Faltaba más. Necesitamos una defensora de los derechos humanos comprometida con su causa y responsable de su tarea. No tengo razones para suponer que la persona recién nombrada claudicará ante el reto. Pero, en un estado constitucional, el respeto a las normas es la regla basilar de la convivencia. Es como en el juego de las cartas: la trampa desfonda todo. Así que, por el incumplimiento de los requisitos y el fraudulento conteo de los votos, la designación carece de legitimidad. Otro órgano constitucional autónomo capturado por la ominosa mención en una conferencia mañanera.
Por fortuna no todo son nubarrones. La Universidad Nacional Autónoma de México culminó un proceso de designación rectoral intenso, serio e interesante. Me consta y lo celebro. Durante cuarenta y cinco días se desplegó una contienda de propuestas, deliberaciones, auscultaciones y decisiones que culminó con la designación, para un segundo periodo, del actual rector. He tenido la oportunidad de felicitarlo, manifestarle mi respeto y comprometerle mi apoyo como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Debo decir –y me complace hacerlo– que, en mi experiencia, constaté respeto a la autonomía y cuidado hacia la Universidad Nacional por parte de la mayoría política gobernante. El dato no es menor. Se trata de un buen ejemplo de que el respeto institucional y la altura de miras pueden hacer bisagra en coyunturas complicadas. Tengo para mí que, a pesar de los problemas, retos y legítimas exigencias que provienen desde la comunidad universitaria –sobre todo desde las estudiantes–, la UNAM salió fortalecida. Ahora falta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucho se ha escrito sobre la renuncia de un ministro y sobre las viscisitudes de su sustitución. El hecho es que hoy existe una terna de mujeres interesantes y con trayectoria propia. El Senado tiene la oportunidad de elegir a una ministra con prestigio e independencia. Para mí, dado que el enfoque académico se ha desdibujado en el máximo tribunal y que siempre, en todo estado constitucional –digno de ese nombre–, la cercanía con el Poder Ejecutivo ha lastimado mucho al Tribunal Constitucional, me parece que se debe de privilegiar la difícil –pero posible– combinación entre la experiencia jurisdiccional, el liderazgo académico y el prestigio social. No es fácil encontrar “garbanzos de a libra” pero tampoco es imposible.