Un espacio en la Corte o la oportunidad para sustituir privilegios por derechos
En la Suprema Corte de Justicia hay un cargo vacante. El perfil, integridad, conocimientos y convicciones de la persona que lo ocupe resultarán clave para contribuir o no a generar las condiciones para avanzar hacia un país que, en lugar de ser de privilegios, sea de derechos. El presidente López Obrador envío al Senado el viernes pasado una terna integrada por tres profesionales del derecho. Por una parte, Diana Álvarez Maury y Margarita Ríos-Fajat, dos abogadas con sólidas trayectorias que actualmente ocupan cargos en la administración pública federal. Por otra, Ana Laura Magaloni Kerpel, una académica notable, especialista en derecho constitucional, cuyos trabajos han puesto el acceso a la justicia para las mayorías en la agenda pública y han sido pioneros en el análisis de la operación de las instituciones de justicia en México.
Esta terna le ofrece al Senado de la República una ocasión para resarcir los costos que le generó el reciente y muy cuestionado proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En breve, una ocasión para gestionar consensos de forma ordenada y para fortalecer su autoridad con la calidad de sus decisiones.
La oportunidad más importante que abre esta terna, con todo, tiene que ver con la posibilidad que abre para que el gobierno del cambio no solo ratifique su respeto a la autonomía de nuestro máximo tribunal, sino para que sume a su proyecto de transformación el de la, tan urgente, transición hacia sistema de justicia cuya operación no dependa del dinero, el color de la piel o la cercanía con el poder. Pocas cosas han apuntalado tanto el régimen de privilegio y exclusión que busca desmontar el gobierno actual como la ausencia de un sistema de justicia imparcial y creíble. Esa ausencia ha sido el resultado de un Poder Judicial crecientemente autónomo de jure desde mediados de los 1990, pero permeado por intereses y presiones que han limitado enormemente su imparcialidad. El Ejecutivo federal nunca ha soltado realmente por completo a la Corte. La tan extendida corrupción dentro del Judicial, sin embargo, habla de la operación regular de fuertes presiones provenientes de otros actores. En concreto, de los grandes intereses económicos privados, así como de grupos extralegales e incluso criminales.
Combatir la corrupción al interior del Poder Judicial es un requisito sine qua non para fortalecer su imparcialidad y, por tanto, para transitar a un sistema de justicia capaz de ofrecerle la protección de la ley a todos y no sólo a las minorías que cuentan con los medios políticos y/o económicos para torcer la justicia a su favor. Esa agenda es indispensable y urgente. Esa es la agenda del ministro presidente Arturo Zaldívar. Esa es la agenda que le ha ganado el respeto del presidente López Obrador y el margen de maniobra requerido para salvaguardar y fortalecer la independencia efectiva del Poder Judicial de la Federación. Tenemos delante una oportunidad muy poco frecuente para transitar de un régimen de privilegios a un régimen de derechos y, con ello, darle mayor viabilidad y continuidad al esfuerzo por desmantelar la densa maraña privilegio-exclusión-impunidad que encabeza el nuevo gobierno. El camino para hacer realidad esa transformación tan urgente y necesaria está lleno de escollos y habrá de seguir enfrentando obstáculos formidables. Tomará tiempo y muchas voluntades. La buena noticia es que hay condiciones propicias. Destacan tres.
Primero, como nunca, los intereses económicos y los sectores privilegiados han perdido la impunidad prácticamente garantizada que les proveía el viejo arreglo oligárquico. Frente a la intemperie legal en la que han vivido la inmensa mayoría de los mexicanos y en la que hoy se encuentran también las élites, es posible que estas estén dispuestas a intercambiar privilegios por derechos. Pocas veces en la historia de una sociedad se presentan oportunidades como esta. Segundo, en contraste con el pasado y a diferencia de lo ocurrido con órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y otros centros con autoridad propia, el presidente López Obrador se ha mostrado respetuoso de la autonomía del Poder Judicial en un momento en el que el ministro presidente de la Corte lidera un proyecto orientado a fortalecer su imparcialidad y eficacia.
Tercero, la legitimidad que a la terna enviada por el presidente le confiere la presencia de una constitucionalista brillante, íntegra, con compromiso probado a favor de la justicia para todos y, en especial para los más desprotegidos, así como con una clara y, también, probada independencia de criterio. Esa legitimidad y esa presencia le abren al Senado un oportunidad inusual para fortalecer dentro de la Corte el impulso a favor de las transformaciones internas que requiere el Poder Judicial a fin de ser capaz de ofrecer certeza y justicia no sólo a unos cuantos sino a todos.
El Senado de la República tiene delante suyo una oportunidad extraordinaria. Esperemos no la vulnere y no la desperdicie.
Tenemos delante una oportunidad muy poco frecuente para transitar de un régimen de privilegios a uno de derechos y... desmantelar la densa maraña privilegio-exclusión-impunidad